Fuentes oficiales confiaron a El Cronista que “la oferta económica ya está aceptada por los españoles” y que se están cerrando de manera inminente algunos aspectos legales, como la condición excluyente que planteó la Argentina que consiste en el retiro de todas las demandas que activó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, (y el bloqueo de posibles juicios que puedan desatar estas causas) en tribunales locales e internacionales contra el país, YPF e incluso empresas, como Chervon, que se asociaron con la petrolera estatal.

Hasta el momento, la oferta definitiva sigue bajo siete llaves, pero desde un principio trascendió que se trata de una compensación de u$s 5.000 millones en bonos soberanos a 10 años con una rentabilidad del 8,75%.

Según la prensa española, la intención de los equipos negociadores siempre fue conseguir garantías de cobro. Por ese motivo, entre las exigencias figuraba la propuesta de que sea el Ciadi, del Banco Mundial el que vigile el cumplimiento del acuerdo.

Un pacto definitivo, es importante para el Gobierno, que siempre se mostró paradójicamente en contra de un pago, porque destrabaría inversiones (no sólo petroleras) en el país.