Dos altos funcionarios confirmaron que el gobierno de Mariano Rajoy acompañará la estrategia de Repsol, decidida ahora a redoblar su ofensiva judicial contra YPF y Chevron por considerar que están haciendo negocios con activos que el Estado argentino le expropió sin pagarle un centavo.

Por esperada, la jugada kirchnerista no perdió su capacidad de asombrar a este lado del Atlántico. No tanto por el acuerdo, sino por los beneficios fiscales para las petroleras extranjeras que decretó el Gobierno horas antes de anunciar la alianza con la multinacional norteamericana para explotar un sector del yacimiento neuquino de Vaca Muerta. "Es una señal de que la nacionalización fracasó", evaluaba ayer un secretario de Estado.

No habrá gestos hostiles, añaden en el gobierno español. Más bien se prolongará la indiferencia en que cayeron las relaciones bilaterales desde que pasaron las primeras tensiones públicas por la estatización. Repsol también se sorprendió con el giro oficial que concede a Chevron muchas más ventajas impositivas y de disposición de dividendos de las que pedían los españoles antes de ser despojados de sus acciones.

Los delegados de la compañía en YPF -de la que todavía tiene el 12 por ciento- transmitieron a la sede madrileña las instancias de la reunión de directorio que se convocó en Buenos Aires para tratar el acuerdo con Chevron. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, tenía los detalles del convenio antes de partir hacia la Moncloa, donde participó de una audiencia de Rajoy con los 15 principales ejecutivos de España, a los que convocó en medio de la crisis que atraviesa su gestión por un escándalo de corrupción en el Partido Popular (PP).

Brufau optó por mantener el silencio sobre la movida kirchnerista hasta que el acuerdo se hiciera oficial, lo que ocurrió cuando en España ya era de madrugada. Se impuso la cautela ante las noticias que llegaban de Buenos Aires: protestas indígenas, una fuerte reacción opositora, malestar ideológico en las propias filas del oficialismo. Hubo quien temió aquí que el Gobierno postergara el anuncio. El texto oficial que se conoció anoche confirma sospechas previas de Repsol. La alianza se ejecutará en un área de Loma de La Lata y Loma Campana que forma parte de los campos por los que los españoles exigen una compensación del Estado argentino.

Por eso se descuenta que reforzará su estrategia judicial contra Chevron e YPF, a los que acusa de "competencia desleal": tiene juicios abiertos en Nueva York, en Buenos Aires y en Madrid. A esos procesos se suma la denuncia contra la Argentina ante la corte arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde reclama un pago de 10.500 millones de dólares por el 51% de las acciones de YPF que se quedó el Estado en abril de 2012.

Aunque el pacto YPF-Chevron parece sepultar las señales negociadoras que Cristina Kirchner envió a España a través de accionistas de Repsol, nadie se atreve a descartar nuevos intentos. Igualmente, en el gobierno español analizan que el apuro de la Presidenta para atarse a Chevron sin tener zanjado el conflicto de la expropiación reforzará la línea dura de Brufau y debilitará la pulsión negociadora de los accionistas más proclives al pacto, el grupo La Caixa y la petrolera mexicana Pemex.