Destaca no obstante el gobierno de Neuquén, a través del decreto 1162, que la legislación nacional "reconoce a los estados provinciales el patrimonio inalienable e imprescriptible de los yacimientos hidrocarburíferos" que se encuentren en su territorio. Este punto no es menor pues algunos artículos del decreto 929 podían ser considerados como un avance sobre la potestad de la provincia.

Así las cosas, y luego de algunas dudas planteadas por lo bajo, tal como lo anunció el gobernador Jorge Sapag se firmó la adhesión que le fue remitida a las autoridades nacionales. Así, el gobierno neuquino avaló la decisión del gobierno nacional pero se resguardó protegiendo las facultades provinciales.

"(...) La provincia de Neuquén será autoridad competente para otorgar nuevas concesiones en el ámbito de su territorio", deja la flamante norma. Destaca el decreto que habrá un ingreso de mayores recursos a partir del desarrollo de los yacimientos convencionales pues el nuevo régimen establece beneficios para aquellas empresas realicen inversiones mayores a los mil millones de dólares.

Reconoce la provincia que es el estado nacional el que debe establecer las políticas energéticas y el alcance e interés público de las normativas involucradas con el objetivo de lograr el autoabastecimiento.

Por otra parte, se destacan las políticas ambientales y generales que rigen en la provincia y luego de un valoración de las leyes nacionales y el decreto 929 el gobierno neuquino adhirió teniendo en cuenta el objetivo de promoción y desarrollo.