Sospechan que, detrás de la defensa del compre local, opera un esquema que favorece a empresas cercanas a la anterior administración. Por eso, la provincia empezó a intimar a las principales empresas de la industria para que detalles su nómina de compañías de servicios contratadas bajo la advertencia de recurrir a la Justicia si no lo hacen.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, intimó a través de cartas documento a un conjunto de empresas mineras que operan en la provincia por no cumplir con una normativa que las obliga a detallar cuál es su red de proveedores locales. Cerca del mandatario —que con su triunfo en las elecciones de octubre del año pasado terminó con más de 30 años de dominio ininterrumpido del kirchnerismo en la provincia— sospechan que un sector de la política santacruceña financió parte de su estructura provincial a través de un conjunto de empresas locales que brindan servicios para las grandes mineras. 

Por eso, no descartan realizar presentaciones en la Justicia para regularizar la situación. En el fondo, el objetivo de Vidal es redefinir el sistema de compras del sector minero, la segunda usina de inversiones privadas en la provincias después del sector de hidrocarburos.

Uno de los apuntados por el entorno de Vidal es Leonardo Álvarez, ex jefe de Gabinete de Ministros de Alicia Kirchner, quien renunció a su cargo en septiembre de 2021 tras la derrota en los comicios legislativos de ese año por diferencias con la conducción de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. 

El pasado empresarial de Álvarez, sin embargo, se remonta desde antes de su llegada a la política, dado que encabezó una compañía familiar que desde hace 30 años tiene fuerte presencia en el segmento de transporte y logística. Con el tiempo se expandió hacia otros rubros y hoy tiene participación en empresas de perforación y fibra óptica, entre otras, que prestan servicios a empresas mineras. (...)