La ley de de promoción a las inversiones en hidrocarburos, que se está discutiendo desde que comenzó la gestión en pandemia del presidente Alberto Fernández, tiene más obstáculos y tensiones políticas que técnicas. Hubo al menos tres borradores en un año y medio, y un fuerte debate en torno a la renta de las provincias y la joya de la economía, que necesita garantías a largo plazo para los inversores: Vaca Muerta.

La presentación del proyecto se postergó una semana y desde el miércoles pasado el Presidente ya tiene en mano el borrador -que supone que será el último y sin cambios- para que al Congreso Nacional ingrese el proyecto de Ley de Promoción e Inversiones Hidrocarburíferas, avalado por la Secretaria de Energía de la Nación.

El texto viene generando tensiones entre los jugadores de la industria y también los gobernadores y referentes petroleros, pero en estos días empieza a gestarse un círculo de acuerdos, según fuentes que han informado, entre los aportes técnicos y las visiones que tienen tanto el presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tema central de la ley pasa por generar un clima de inversiones para que de a poco el país pueda incrementar la producción de petróleo con un objetivo, por ahora necesario: ir a un camino de exportación para que los saldos generen divisas al país, hoy necesarias para sostener la economía. Pero también garantizar el giro de utilidades y divisas a las operadoras.

El clima de tensiones está puesto sobre dos maneras de producción, relacionados a el petróleo convencional (producido mayormente en el Golfo San Jorge, con el principal yacimiento del país, Cerro Dragón, administrado por Pan American Energy) y la producción shale de Neuquén, donde tanto YPF y sus socios esperan señales para pisar el acelerador en el plan de inversiones y conectar pozos. El shale necesita garantías a largo plazo para desembolsar un piso de inversiones. (...)