
Es oficial. El Gobierno estableció en u$s45 el valor del petróleo crudo a nivel local hasta el 31 de diciembre, mediante un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. El barril “criollo” se instauró con el objetivo de reactivar la industria hidrocarburífera, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y promover el autoabastecimiento, en un contexto complejo para el sector, marcado por la caída global de la demanda y los precios internacionales como consecuencia del coronavirus.
La medida, que fue promovida principalmente por las provincias “hidrocarburíferas” (ver página 19), no fue bien recibida por todas las firmas del sector. Es que las empresas que se dedican a la producción se verán beneficiadas por la medida, mientras que las refinadoras -entre las que se encuentran YPF, PAE (ambas son “integradas”, producen, pero también compran en el mercado), Raizen, y Trafigura- deberán pagar un barril por encima del precio internacional. Es por eso que desde una de las compañías señalaron a este diario que, lejos de preservar puestos de trabajo, la decisión puede jugar en contra.
“En este contexto generalizado de crisis, con esta medida, preservar las fuentes laborales puede tornarse aún más complicado”, explicó una fuente del sector, quien detalló que las refinadoras deberán comprar “en dólares, a un precio que no podrán recuperar en pesos vendiendo los combustibles a un precio congelado desde diciembre”. Desde una de las firmas, en tanto, se abstuvieron a formular una respuesta mientras se analizan las implicancias del decreto.
Desde YPF, que respaldó la decisión del Gobierno, sostuvieron a este diario: “Si no se fija un precio de barril hoy diferencial al mundo, es bastante probable que cuando necesitemos del sector, este no tenga la capacidad de suministrar la energía que el país necesita a los precios adecuados”. “Por otro lado, resulta indispensable adecuarse rápidamente a la nueva realidad que vive la industria a partir del impacto económico generado por el Covid-19. Es necesario revisar y optimizar las estructuras de costos a fin de que la actividad convencional y no convencional resulten sostenibles en este nuevo escenario de precios”, agregaron desde la compañía, y concluyeron: “Lo importante en el país, es lograr preservar la capacidad productiva de energía como forma de garantizar un precio de energía competitivo para la economía nacional en el mediano plazo y evitar la importación”.
En el decreto se establece que el precio de referencia podrá ser revisado trimestralmente por la Secretaría de Energía y quedará desactivado cuando el valor del Brent supere los u$s45 durante diez días consecutivos. Además, las empresas productoras deberán sostener los niveles de inversión y de producción del año 2019, los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y mantener las plantas de trabajadores. (...)
Fuente: Ambito Financiero
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