El traspaso de áreas de YPF en el norte santacruceño afronta no sólo el plan de retiros voluntarios para unos 2.500 trabajadores, sino también la resolución del problema vinculado al pasivo ambiental. A diferencia de la operatoria en Chubut, donde la empresa adquirente se hizo cargo de presentar un plan de remediación, en el norte santacruceño los impactos serán cuantificados y motivarán el pago de un resarcimiento a la provincia.

Así se supo a partir del contacto con fuentes que conocen de cerca la negociación que se lleva adelante entre la operadora, el gobierno provincial y las compañías que se quedarán con las concesiones, en un traspaso que incluirá a CGC en la primera etapa, que a su vez distribuirá los activos a otras empresas.

“El pasivo ambiental de Santa Cruz es más grande que el de Chubut -reconoció uno de los ejecutivos que participa de las reuniones-, por eso el acuerdo en este caso ha sido diferente y no formó parte del traspaso a otras compañías.   Por el mismo motivo, tampoco las empresas están pagando un monto determinado a YPF por las áreas”.

Desde esa perspectiva, el proceso en Santa Cruz muestra diferencias con el Plan Andes aplicado en otras provincias, donde las cesiones implicaron una operatoria comercial de venta entre privados. (...)