Sin embargo, un informe de la consultora Audemus advierte que no cumple con los objetivos declamados: “No se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo vinculada a esos sectores».

El gobierno envió al Congreso a fines del mes pasado el proyecto de ley denominado «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», conocido como “Súper RIGI�. Según promete el oficialismo, apunta a promover exclusivamente actividades económicas que hoy no existen en el país o cuyo grado de desarrollo es experimental: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, industrialización de minerales y otros recursos naturales, e infraestructura digital estratégica. Sin embargo, un informe de la consultora Audemus, que conduce el ex ministro de Producción Matías Kulfas, sostiene que no cumple con los objetivos declamados.

“No se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo vinculada a esos sectores (inversión en centros tecnológicos, generación de capacidades, recursos humanos y científicos), no exige inversiones en I+D local, ni encadenamiento productivo, ni empleo calificado mínimo; entrega estabilidad fiscal por 30 años sin contrapartidas verificables; y cede la jurisdicción para resolver conflictos a tribunales arbitrales internacionales�, remarca el informe.

Luego se afirma que “la evidencia regional de los últimos cuatro años muestra con claridad que los sectores que el Súper RIGI busca atraer no se relocalizaron en América Latina allí donde hubo mejores incentivos fiscales, sino donde había política industrial activa, empresa estatal como ancla y condiciones estructurales previas. Argentina no tiene ninguna de esas tres cosas en los sectores de frontera, y el Súper RIGI no las construye�.

El informe de Audemus advierte sobre tres puntos débiles del proyecto.

La exención de derechos de importación se limita a los bienes de capital necesarios para montar el proyecto, pero no alcanza a los insumos utilizados en la producción. Por ejemplo, una ensambladora de autos eléctricos podría importar su planta sin aranceles, pero seguiría pagando los aranceles del Mercosur por las baterías, motores y demás componentes que importe para fabricar cada vehículo.

La estabilidad de 30 años con arbitraje internacional es la más extensa del hemisferio —Brasil ofrece 5 años con renovación, Uruguay 10 años.

El proyecto no incluye ninguna contrapartida obligatoria: cero requisito de I+D en universidades locales, encadenamiento productivo o porcentaje de capacidad para el mercado interno, energía renovable o eficiencia hídrica, elementos presentes en otros programas de países vecinos.

Además, se remarca que, si bien figura una exigencia de desembolsar el 20% en los primeros dos años del proyecto, ese requisito también está presente en el RIGI y en la práctica su ejecución ha sido flexibilizada y terminó siendo un porcentaje del monto mínimo de inversión y no del proyecto total, lo cual explica por qué a pesar de la gran cantidad de proyectos y montos anunciados, hasta el momento el ingreso de divisas ha sido tan limitado. “En tal sentido, el RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo, lo cual evidencia un problema de diseño y ejecución por parte del gobierno�, se subraya en el documento.