
El litigio judicial que enfrenta Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos de alta tensión y complejidad legal. En medio de un escenario económico delicado, el país se encuentra ahora en una encrucijada que podría afectar no solo sus finanzas, sino también su imagen y relaciones internacionales. La causa, que involucra a poderosos fondos de inversión, pone bajo la lupa la gestión y el control de importantes empresas estatales argentinas.
Recientemente, la Justicia estadounidense ordenó al Gobierno argentino entregar comunicaciones electrónicas de funcionarios clave, un requerimiento que abre un nuevo capítulo en este caso emblemático. La decisión genera inquietud en el equipo económico y político nacional, que ya prepara los pasos legales para defender su soberanía y preservar la confidencialidad de sus funcionarios en medio de un juicio que podría implicar una multimillonaria condena.
El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska , que reconsidere la orden que obliga al país a entregar comunicaciones electrónicas de varios funcionarios nacionales en el marco del litigio por la expropiación de YPF.
La información fue confirmada por el analista Sebastián Maril , quien detalló en sus redes sociales que, de rechazarse esta solicitud, la Argentina podría avanzar con una apelación .
Preska había resuelto en julio que el Estado argentino debía proporcionar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios como el actual ministro de Economía, Luis Caputo , su antecesor Sergio Massa , y otros miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández .
El pedido de la jueza no incluye los dispositivos completos ni exige el acceso total a la información . Se trata de una búsqueda por palabras clave específicas , como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, “ENARSA”, “Banco Nación”, entre otras.
Detrás de esta medida están los fondos Burford y Eton Park , que buscan demostrar que empresas estatales como YPF , el Banco Central , Aerolíneas Argentinas , ENARSA y Banco Nación son “alter ego” del Estado argentino . Si logran probarlo, podrían solicitar que se embarguen activos de esas entidades para cubrir el pago de la sentencia que asciende a US$ 16.000 millones .
Fuente: ADN Sur
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