La revisión del esquema genera incertidumbre sobre el futuro del beneficio. La iniciativa ya había sido incluida en el proyecto de Presupuesto 2026, aunque ese apartado fue rechazado en el Congreso. Entre las modificaciones propuestas se encontraba la derogación de la ampliación del régimen, además de cambios en su funcionamiento y en el fondo que lo financia. Ahora, el Ejecutivo evalúa retomar esas reformas en un contexto de presión sobre el gasto público y con un escenario internacional marcado por la volatilidad en los precios del gas y el petróleo. 

El régimen tiene un fuerte impacto tanto económico como territorial. Actualmente alcanza a unos 4 millones de hogares distribuidos en 15 provincias . CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA El esquema fue creado en 2002 para asistir a zonas con bajas temperaturas y, en ese momento, alcanzaba a unas 850.000 viviendas. Sin embargo, en 2021 se amplió significativamente y pasó a cubrir a más de 4 millones de usuarios, lo que representa cerca de la mitad del país. Actualmente, los descuentos se mantienen en torno al 30% para usuarios generales y del 50% para sectores más vulnerables. FINANCIAMIENTO Y DEBATE El sistema se financia a través de un recargo en la tarifa de gas que abonan todos los usuarios del país, el cual puede alcanzar aproximadamente el 11,25%. 

En ese marco, el Gobierno busca revisar el esquema en función del impacto fiscal y del contexto energético global, lo que reabre el debate sobre la continuidad y el alcance de estos subsidios. La posible modificación del régimen pone en discusión el futuro de un beneficio clave para regiones frías, mientras crece la incertidumbre en los hogares que dependen de estos descuentos para afrontar el costo del gas. TRAS EL AUMENTO DE ABRIL, CUÁNTO SE PAGA DE GAS Desde el 1º de abril el Gobierno nacional avanzó con un nuevo ajuste en las tarifas de gas. La medida fue oficializada a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicadas este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de reordenamiento del esquema energético que impulsa la Nación. 

El incremento se da en el marco de la política de segmentación de subsidios vigente, con un claro objetivo: reducir el peso del gasto estatal en energía y trasladar progresivamente el costo real del servicio a los usuarios. De esta manera, el impacto no será uniforme y dependerá de la categoría de cada hogar o empresa. Uno de los principales cambios radica en la forma en que se reflejarán los valores en las boletas. A partir de ahora, las distribuidoras deberán incluir el Precio Anual Uniforme (PAU) , que funcionará como referencia central para el cálculo del servicio. Con respecto a su valor final, dependerá de cada distribuidora y de factores regionales, como el clima, el nivel de consumo y los costos logísticos. En provincias patagónicas , por ejemplo, donde el consumo suele ser más elevado por las bajas temperaturas, el impacto podría ser más significativo , aunque también existen regímenes diferenciales que amortiguan parcialmente los aumentos.