Reactivar Vaca Muerta. La nueva propuesta parte de la necesidad de impulsar y explotar los grandes recursos de Vaca Muerta.

Mientras las petroleras discuten entre sí y con funcionarios el contenido de una ley para promover inversiones en hidrocarburos, en los despachos oficiales cobró cuerpo un proyecto que promete a las empresas acceso irrestricto al mercado de cambios y la posibilidad de repatriar libremente dólares empleados en proyectos superiores a 500 millones de dólares, condiciones imprescindibles para ejecutar ambiciosas obras de exportación a la espera. El mismo borrador también prevé una banda de precios mínimos y máximos para fijar el valor del petróleo en la Argentina y contener el precio de los combustibles.

Las promesas esbozadas en el texto, aún trabajado en estricta reserva, no tranquilizan el ánimo de los inversores, inquietos por cualquier intervención estatal. Productoras y refinadoras están operando por ventajas concretas para invertir: como impositivas, un sendero de precios que garantice cobrar más por el petróleo, gas y los combustibles y disponibilidad total para disponer de dólares. Según una firma líder en el mercado, con esas condiciones sí se podrían desembolsar más de US$13.000 millones en cuatro años. Pero algunas ni siquiera creen que haga falta una ley especial, menos una meganorma que dé por un lado y quite por el otro.

El ministerio de Martín Guzmán organizó varias rondas de consultas que incluyó a los CEO de las productoras de gas y petróleo y a los ministros de energía de las provincias petroleras, cuyo interés está casi naturalmente alineado con el de aquellos: cuanto más facturen las empresas que operan en su territorio, mayores son las regalías que nutrirán las arcas federales. Los cónclaves se multiplicaron en las últimas semanas. La Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph), La UIA, buscando asesoramiento para entender las ideas en danza. Y van.

En los últimos meses se acumularon propuestas de iniciativas para promover las inversiones en hidrocarburos, algunos arrimados por las propias petroleras, otros por funcionarios que tienen su propia visión de cómo seducir capitales. Pero en las últimas semanas se consolidó uno que plasma la voluntad oficial de contentar las distintas expectativas patronales, aunque sin resignar el deber de priorizar el mercado interno.

La iniciativa propone la creación de una banda con un precio mínimo y uno máximo a definir por el Estado para el precio del petróleo en la Argentina: estaría relacionado con lo que cueste el Brent en el mundo pero la traducción no será lineal. Es una manera de controlar el valor de los combustibles locales sin fijar el precio de un modo directo.

El texto sostiene expresamente que el precio de los surtidores resultaría de la libre competencia de comercializadoras y refinadoras y habilita la importación del producto libre de impuestos cuando se acrediten los faltantes.

Aquella banda de precios para el crudo ayudaría a las productoras a saber que si se desploma en el mundo, ellas tendrán un piso “criollo”. Y a las refinadoras que, si se dispara, habrá un techo para su insumo. Aun así, las firmas consultadas sobre esta hipótesis de trabajo no la ven con buenos ojos y preferirían mercado libre.

La generosa iniciativa oficial promete estabilidad regulatoria y fiscal al sector. Los proyectos beneficiados tendrán que mostrar una producción mayor que la de 2019 y, entre otros premios, podrán exportar libremente “hasta el 50%” de la nueva producción y disponer libremente de esos dólares, generados por las ventas al exterior de crudo, naftas o gas.

Naturalmente, la idea del Gobierno es premiar a las inversiones nuevas o a la producción “incremental” a partir de cierto piso. Pero estas varas siempre pueden generar zonas grises y hay empresas que temen quedar afuera del beneficio.

Más importante aún, se garantizará el libre acceso al mercado de cambios, lo que evitaría situaciones como las que hace poco vivió YPF, que se vio forzada a una refinanciación de deuda porque el Banco Central no pudo proveerle los dólares necesarios para pagar sus deudas. (...)