Si en algo coinciden todos los actores vinculados con la industria petrolera es en la gran dispersión legal que tiene Argentina en materia de hidrocarburos. Si bien las bases de la vieja ley 17319 aún son útiles para regular el sector, la ley Corta sancionada por Néstor Kirchner y que otorgó el manejo de los recursos del subsuelo a las provincias abrió un nuevo panorama, que elevó la entidad de todas las normativas locales, a tal punto que pueden detectarse contradicciones entre las normas. Con la intención de superar ese laberinto normativo, las senadoras Laura Montero y María Eugenia Estenssoro junto con el consultor y secretario de Energía durante la gestión de Fernando de la Rúa, Daniel Montamat, presentaron un proyecto en el Congreso para crear una nueva norma para regular la actividad hidrocarburífera.

El proyecto intenta, con los pilares de la ley existente, aúnar y actualizar la normativa de cara a los nuevos desafíos del país. Cifran entre ellos el autoabastecimiento energético y el desarrollo de formaciones no convencionales, un nuevo paradigma de la industria que está en vías de regulación.

La principal novedad que plantea el texto es la creación de una Agencia Federal de Hidrocarburos, una suerte de órgano rector del sector cuya función es "asesorar, controlar y fiscalizar las actividades que integran la industria del petróleo y gas, sirviendo como organismo técnico de apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación y de las provincias".

Entre sus principales atribuciones se propone que funcione a modo de órgano técnico, con la clara intención de aunar criterios a la hora de fijar normativas. Sería una salida para poner en el mismo nivel las leyes de las provincias petroleras que, pese a tener un organismo coordinador (la Ofephi), cuentan con normativas muy disímiles a lo largo del territorio.

Si bien la mayoría de las funciones que se le asignan en el proyecto son técnicas, algunas de ellas tendrían consecuencias eminentemente políticas. Por ejemplo, estará a su cargo el registro de empresas autorizadas a concesionar áreas y, a su vez, deberá velar por que se cumplan las leyes de competencia. También fijará el valor del barril del petróleo sobre el que se deben liquidar regalías.

Pero la facultad más interesante será la de disponer auditorías periódicas e independientes sobre los yacimientos, tanto de sus actividades como de sus reservas. Según el proyecto de las senadoras opositoras y Montamat, la agencia "será dirigida y administrada por un directorio integrado por cinco miembros, de los cuales uno será su presidente". Deberán ser designados por el Poder Ejecutivo, pero mediante un concurso público de oposición y antecedentes. El proyecto de ley ingresó en el recinto la semana pasada.

AVANZA LA LEY EN NEUQUÉN

Los técnicos del Ministerio de Energía avanzan en el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos, que será tratado en el recinto el año que viene. El mismo busca unificar la legislación vigente en la provincia y sumar un capítulo especial para el desarrollo de yacimientos no convencionales, la novedad del mercado neuquino.

Precisamente este último punto es el clave, ya que el desarrollo shale avanza en la provincia amparado en normas que fueron concebidas para la explotación tradicional. El anacronismo legal saltó a la vista con el acuerdo YPF-Chevron, que extendió una concesión por 35 años, una medida que no está autorizada por ninguna ley provincial.

La idea de la nueva norma es que este procedimiento quede estipulado y también que se cree el mecanismo para recortar una porción de una vieja concesión para un desarrollo shale. Lo que sí se especula es en que cada proyecto shale que pida extensión de concesión deberá pasar por una nueva negociación. Esto implica un nuevo bono y hasta quizás otras condiciones en lo referente a impuestos y regalías. Sí quedó descartado, según trascendió, la posibilidad de promover concesiones 3D.