Varios empresarios de la industria energética se ilusionaban a mediados del año pasado con construir una agenda que edificara en 2021 el desarrollo a mediano y largo plazo del sector. La post-pandemia emergería, desde esa creencia, en los primeros meses de este año cargada de frescura y aires de crecimiento. No es la fotografía que se observa ahora. La realidad, por el contrario, se presenta como una continuidad del año que se fue, con el COVID-19 aún en el centro de escena. Incierta, compleja, opaca y con escaso nivel de expectativas positivas. 

De un relevamiento entre líderes del mercado se desprende que lo que prima es, entre los moderados, el escepticismo. Y entre los sanguíneos, la crítica.   No va a ser, en definitiva, un año sencillo. Los pilares de la agenda actual consolidan una coyuntura gris en la que predomina la falta de certezas en los grandes temas. No está claro, por ejemplo, qué pasará con las tarifas residenciales de gas y electricidad, bastión clave para saber cómo responderán los precios relativos de la energía. Tampoco existe confirmación acerca de cómo evolucionarán los precios de los combustibles, fuente de financiamiento de YPF e, indirectamente, del resto de los productores de crudo.   

La política, a su vez, se debe una discusión interna en torno a cuál será la política energética del gobierno de Aberto Fernández. La prioridad, hasta ahora y como es entendible, estuvo en la pandemia. Pero en el debe todavía está la definición de qué hacer con una industria clave para la economía como es la energética. Lo que se vislumbra, entonces, según la mayoría de los pronósticos, es una agenda sucia, espasmódica, en la que los temas se irán ordenando inercialmente en la medida en que la urgencia los convierta en ineludibles.   

El déficit principal que arrastró la política energética durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández fue la falta de una conducción política clara en el sector. Apenas asumió, el presidente designó como secretario de Energía a Sergio Lanziani, quien nunca terminó de ponerse al frente del área y fue desplazado en los hechos por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien articuló la gestión del área con dos bastoneros: Juan José Carbajales en hidrocarburos y Esteban Kipper en electricidad. 

Pese a ello, Kulfas nunca terminó de tener el control del área porque, desde el inicio del gobierno, Cristina Fernández de Kirchner se aseguró el control de los entes reguladores, donde puso a Federico Bernal (Enargas) y Federico Basualdo (ENRE). Ninguno de esos funcionarios reportaba a Kulfas y Bernal directamente lo desafiaba públicamente sembrando dudas en los medios de comunicación sobre la conveniencia de avanzar con el Plan Gas que Kulfas estaba impulsando.  Finalmente, a fines de agosto el presidente le quitó a Kulfas el control del área energética, que pasó a la órbita del Ministerio de Economía, y aprovechó para poner como secretario de Energía a Darío Martínez, en reemplazo del fantasmal Lanziani. 

Martínez contó con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner, pero no logró consolidarse como el hombre fuerte del área, en parte porque los funcionarios que responden directamente a la vicepresidenta no se subordinaron a su conducción sino que recortaron el poder de decisión del secretario. El mejor ejemplo de este avance lo constituyó el DNU que en diciembre le atribuyó a los entes reguladores la renegociación tarifaria, dejando en un segundo plano a la Secretaría de Energía. Desde entonces, Bernal y Soledad Manin, la mano derecha que Basualdo dejó en el ENRE cuando asumió como subsecretario de Energía Eléctrica, son los encargados de discutir con las empresas el sendero de transición tarifaria para los próximos meses. (...)