Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía en todo el país, que es controlada por el gobierno nacional, presentó este mes un recurso de amparo en la Corte Suprema para ponerle un freno al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que abiertamente desafió la política tarifaria instrumentada por el gobierno de Javier Milei al ordenar —a través de dos resoluciones que llevan su firma— que Edelar, la distribuidora provincial de energía, deje de pagar la energía que compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que en última instancia es administrado por el Estado nacional.

La decisión de Quintela es un absurdo regulatorio. Por medio del Decreto 370 y de la resolución 133 del Ente Regulador de Servicios Públicos provincial, ambas publicadas en abril, el mandatario riojano le ordenó a Edelar desconocer el precio estacional de la energía eléctrica (PEST) fijada por el Ministerio de Economía, que dirige Luis ‘Toto’ Caputo, y no trasladarlos a los cuadros tarifarios que pagan los usuarios residenciales de la provincial. Si bien en los últimos 20 años fueron múltiples —y hasta constantes— los casos de distribuidoras provinciales que acumularon deudas millonarias por pagar con demora —o incluso dejar de pagar por un período de tiempo— la factura de Cammesa, nunca un gobernador se había animado a ordenar por escrito ese desacato contra el sistema eléctrico nacional, que es lo que hizo Quintela en abril.

En desacato

La decisión dejó expuesto al mandatario riojano frente al resto de los gobernadores, que sí convalidaron el traspaso a facturas del precio estacional de la electricidad fijado por la Secretaría de Energía. Ahora, para intentar ponerle un coto a la desobediencia de La Rioja, que en la práctica atenta contra la política de reducción de subsidios energéticos del Tesoro nacional a fin de alcanzar el déficit fiscal cero, el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, que está alineado con el ministro de Economía, le pidió al máximo tribunal de Justicia del país que deje sin efecto, de manera inmediata, lo establecido en el Decreto 370 y la resolución 133, según indicaron fuentes del mercado eléctrico.