El Gobierno aplazará por tercera vez (primera en la era Alberto Fernández) la fecha de apertura de ofertas en la licitación pública internacional para construir el primer tramo de un nuevo gasoducto que uniría Tratayén (Neuquen) con Salliqueló (Buenos Aires) y serviría para evacuar gas de Vaca Muerta. El plazo vencía este martes 31 de marzo a las 11.30. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Energía estaban deteniendo en estas horas el nuevo plazo para revitalizar esta obra, cuya primera etapa necesitaría de una inversión de u$s 800 millones para transportar 15 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural y estaba ideada para estar terminada antes del invierno de 2021, un plazo que ya no será posible cumplir. La licitación de la construcción del gasoducto y la licencia de Transportadora de Gas del Centro (TGC) fue corrida primero de agosto a noviembre y luego a marzo, por la escalada del riesgo país, que terminó por sacar a la Argentina de ser sujeto de crédito privado a tasas razonables.

La pandemia de coronavirus solo agregó más incertidumbre y dejó a Vaca Muerta al borde de la inviabilidad, según algunos analistas.

Desde agosto no hay nuevas perforaciones en busca de gas, con lo que la curva de declinación productiva se acelerará en los campos no convencionales y es factible que Argentina necesite importar crecientes cantidades de gas natural en 2021. La realización de la obra era motivo de interés para algunos de los principales empresarios del país, como Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, Nicolás Caputo y las familias Sielecki y Werthein, entre otras.

Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo canceló el viernes el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para construir una línea de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión (500.000 voltios o 500 kV) que iba a unir Río Diamante (Mendoza) con Charlone (Buenos Aires), por falta de financiamiento. Esa línea que se iba a extender por 490 kilómetros había sido diseñada por el gobierno de Mauricio Macri para ser adjudicada mediante un esquema de Participación Público - Privada (PPP) durante 2018, pero el aumento incesante del riesgo país corrió el arco hasta este 31 de marzo. La profundización de la crisis, agravada por la pandemia del Covid-19 (coronavirus) le dio a este proyecto la estocada nal, ya que el riesgo país trepó por encima de los 4000 puntos básicos. En los considerandos de la Resolución 124/2020, se cita que el "estado actual de acceso al crédito a tasas razonables y el estado de emergencia económica y nanciera implicaría el aumento en definitiva del costo de las obras para los demandantes de energía eléctrica". La utilidad de la línea, que nalmente no se realizará, era mallar el tejido urbano del sistema de transmisión de energía eléctrica, cuyas redes están saturadas, en especial el anillo del Gran Buenos Aires (GBA). El costo estimado era de u$s 650 millones, a ser pagado por los usuarios con sus facturas.