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Guiño de Aranguren a un proyecto que pone en jaque el negocio de combustibles de YPF

26/06/2017 | ARGENTINA | Ultimo momento | 617 lecturas | 242 Votos



El 15 de junio un cable de Télam disparó la alarma entre las empresas de refinación de petróleo. La nota daba cuenta del apoyo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, a un polémico proyecto de Ley de comercialización de combustibles que impulsan Carlos Acuña, titular de SOESGyPE, el sindicato de trabajadores de estaciones, y uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, y Cecha, una de las cámaras de empresarios del sector.




“El ministro (Aranguren) señaló que se debe tender a la liberación del mercado, con libertad de competencia y dentro de este marco se mostró a favor del proyecto“, señaló -tras reunirse con el funcionario- el titular de Cecha, Carlos Gold, uno de los principales distribuidores de Shell de la provincia de Corrientes, según el cable que difundió la agencia estatal de noticias.

El proyecto de Ley en cuestión es impulsado por el espacio de Sergio Massa, líder de Frente Renovador, y avanza por el andamiaje que propone la vía legislativa. Fue cursado a varias comisiones de Diputados –hace 10 días iba a ser discutido por la de Energía y Combustibles, pero se aplazó a pedido de su titular, Julio De Vido- y, en los hechos, apunta a transferir el negocio de la comercialización de combustibles en cabeza de los estacioneros, que tendrán poder para fijar precios, definir márgenes de rentabilidad y venderle combustibles a grandes industrias.

En definitiva, los empresarios estacioneros desplazarán a las petroleras –con YPF, Shell, Axion, Petrobras (Pampa Energía) y Oil a la cabeza- del control del mercado de naftas y gasoil.

De convertirse en ley, la iniciativa implicaría una abrupta transformación del área de refinación de petróleo. Para YPF, concretamente, sería una herida de muerte para su negocio de venta de combustibles, que explica más del 60% de su flujo de caja operativo. Sin exagerar, sería un golpe a la línea de flotación de la petrolera controlada por el Estado, que lidera el expendio de naftas y gasoil con una participación cercana al 50 por ciento.

No por nada la petrolera que preside Miguel Ángel Gutiérrez enviará al Congreso la semana que viene –cuando finalmente se reúna la comisión de Energía para tratar el proyecto- a dos de sus principales espadas -Carlos Alfonsi, vicepresidente de Downstream, y Sebastián Mocorrea, de Asuntos Públicos- para explicar en detalle el daño económico y estratégico que causaría el proyecto no sólo a YPF, sino también a los consumidores de combustibles.

¿Pero qué propone el proyecto de Ley? Son tres los puntos más disruptivos. En primer lugar, prohíbe la venta de combustibles de uso automotor al consumidor directo que exceda el 15% de ventas en mercado interno. En los hechos, la normativa obligaría a YPF a desprenderse de Opessa, su red propia de estaciones de servicio, que explica un 11% de los puntos de ventas instalados en el país y un 15% de las ventas medidas en volumen despachado, o en su defecto, a deshacerse de un mercado de venta mayorista al transporte público de pasajeros (representa casi un 60% del negocio mayorista de YPF), al agro y empresas del segmento de Oil & Gas y minería, entre otros grandes usuarios industriales. “Si el proyecto es aprobado implicaría el desguace del área de Downstream de YPF tal como funciona hoy en día. El límite del 15% en las ventas directas obligaría a la empresa a desarmar su red Opessa o a salir del negocio mayorista, que es uno de los más que más creció en los últimos dos años, fundamentalmente de la mano del agro”, explicó a EconoJournal un ejecutivo del sector petrolero. (...)

Fuente: Econojournal

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