Finalmente la intendenta Sabina Costa public贸 ayer en el Bolet铆n Oficial la ordenanza que proh铆be en el ejido el uso de la hidrofractura para extraer hidrocarburos. Con la decisi贸n del ejecutivo se acabaron las especulaciones que hab铆an surgido en torno al tema, la norma entrar谩 en vigencia a partir del viernes. Algunos concejales cre铆an que el Ejecutivo no publicar铆a la norma y -ante esa posibilidad- hasta hab铆an esbozado notas de intimaci贸n para enviarle a la jefa comunal. A partir de la publicaci贸n de la ordenanza deben correr cinco d铆as h谩biles para que la misma entre en vigencia. La norma en cuesti贸n fue aprobada por unanimidad luego de que unas 300 personas que est谩n en contra de la fracturaci贸n hidr谩ulica que la empresa Apache practica en la zona rural de Allen, se movilizaran hasta el Concejo Deliberante y exigieran su sanci贸n.

Luego de la aprobaci贸n Costa anunci贸 que no iba a vetar la ordenanza pero al mismo tiempo destac贸 que no pondr铆a obst谩culos al "desarrollo productivo generador de empleo" y asever贸 que "la resoluci贸n del tema pasa por lograr el serio y fundamentado consenso en la regulaci贸n y fiscalizaci贸n de las actividades productivas".

Ahora las miradas est谩n centradas en c贸mo proceder谩 el gobierno provincial con respecto a la ordenanza antifracking. Es que hace poco m谩s de un mes el gobernador de R铆o Negro, Alberto Weretilneck, asegur贸 en declaraciones a este medio que "el petr贸leo y la fruticultura pueden convivir" y fue contundente al manifestar que "la materia ambiental es exclusiva de la provincia, no es materia municipal. Los municipios no est谩n facultados por la Constituci贸n Provincial para regular materias ambientales, la que regula esto es exclusivamente la provincia鈥�.

鈥淧odr谩 haber ordenanzas, opiniones, las respetamos y valoramos, pero la materia ambiental es provincial por lo tanto lo que va a predominar en este tipo de situaciones es la legislaci贸n provincial y las facultades de la provincia鈥�, aclar贸 Weretilneck. Seg煤n trascendi贸 desde el gobierno provincial podr铆a impulsarse una acci贸n judicial para que la ordenanza que votaron los concejales allenses sea declarada inconstitucional.