Varios magistrados expresaron dudas cuando Argentina argumentó que BG debería haber presentado su demanda en tribunales argentinos en primer término. BG, una empresa de exploración y distribución de gas natural, dijo en documentos judiciales que no quería tomar ese camino porque Argentina había restringido el acceso a sus tribunales y apuntaba a sancionar a inversores que presentaban demandas. El caso debate si BG debería recuperar el dinero sobre la base de que una decisión del Gobierno argentino de congelar los precios del gas en el 2002 violaba un tratado firmado entre Gran Bretaña y Argentina en 1993. El tratado Reino Unido-Argentina fue diseñado para alentar la inversión de empresas extranjeras como es el caso de BG, que tiene sede en Reading.

Argentina impuso el congelamiento de precios poco después de que anunció una cesación de pagos de su deuda soberana por aproximadamente 100.000 millones de dólares en el 2001. BG cuestionó el congelamiento, alegando que reducía el valor de su participación de alrededor del 45 por ciento en la argentina Metrogas SA. BG vendió su participación en Metrogas este año a YPF SA e Integra Gas Distribution LLC.

El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, un panel con sede en Washington, D.C., concluyó en el 2007 que debido a que Argentina tenía por decreto de emergencia el acceso restringido a sus tribunales, sería una "consecuencia absurda y no razonable" leer el tratado literalmente y exigir a BG acudir primero a esos tribunales.

Un juez de un tribunal federal de distrito en Washington ratificó la sentencia con una decisión en el 2011. Pero un tribunal federal de apelaciones falló en favor de Argentina al año siguiente, alegando que BG debería haber intentado en primer lugar presentar la demanda en el país sudamericano y luego esperar 18 meses para una decisión, como exigía el tratado, antes de recurrir a un arbitraje.

Durante las argumentaciones orales del lunes, la mayoría de los magistrados expresaron escepticismo sobre la posición de Argentina. Se espera un fallo para fin de junio. La Corte Suprema podría atender otro caso relacionado al default de Argentina. El país sudamericano apelaría un fallo del tribunal de apelaciones del segundo circuito de Estados Unidos que exige al país pagar 1.330 millones de dólares a tenedores de bonos que se negaron a participar en dos renegociaciones de la deuda tras el default.