"Describe las principales auditorías realizadas por la AGN en el área, que retratan el deterioro del sector energético", explicó Despouy a La Nacion. En términos lapidarios, el trabajo advierte que la crisis energética se veía venir desde hacía por lo menos seis años, pero que el Gobierno no reaccionó ante la evidencia. El trabajo resume que "una equivocada política de subsidios, tanto desde el punto vista social como territorial, sumada a la ausencia de estímulo a la inversión y los retrasos tarifarios que no sirvieron para frenar el proceso inflacionario, desencadenaron la crisis en el sector energético". Y critica que "este incremento no encuentra su justificación desde el punto de vista de la equidad, ya que, en ausencia de tarifas sociales, ha beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la población".

El trabajo recuerda que la caída en la producción de petróleo y de gas llevó al saldo comercial energético, positivo en US$ 5700 millones en 2006, al rojo cercano a los US$ 7000 millones previsto para este año.

También sostiene que "las empresas privadas privilegiaron la extracción, relegando la inversión en exploración que daría la sustentabilidad necesaria a la explotación de recursos no renovables. El Estado ausente no fue capaz de alentar con políticas apropiadas una reversión de esa peligrosa tendencia".

Despouy dedicó dos páginas a YPF. Según el trabajo, la petrolera es un caso excepcional en América latina, ya que las principales petroleras de la región con participación estatal -Petrobras, Pdvsa, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador- cotizan en Bolsa y son auditadas por órganos de control público.

"¿Puede ser que el gobierno nacional confíe más en una corporación extranjera que en su órgano de control constitucional? ¿Es que acaso cualquiera de las consultoras del mundo que habrá de contratar YPF para auditar sus estados contables es más honorable que la AGN?", sostuvo.