Fuentes de la Justicia explicaron a "Río Negro" que intervino el fiscal Ignacio Di Maggio. El funcionario se dirigió al lugar con un grupo de unos 60 policías para advertir a las personas que estaban allí que depusieran su actitud o serían desalojadas. Finalmente decidieron dejar el lugar por sus propios medios ayer al mediodía.

"El reclamo tiene como principal objetivo exigir dinero a la compañía con argumentos falsos, en contra de los resultados objetivos de cada uno de los monitoreos del agua que realizó autoridad de aplicación", explicó la petrolera en un comunicado. El grupo de vecinos nucleados en la protesta reclama resarcimientos económicos por supuestos daños ambientales.

Desde la petrolera nacional dijeron que el cargadero se encuentra habilitado y fiscalizado por Recursos Hídricos de la provincia e incluso se dejó en claro que "el agua para consumo de la población proviene de otra toma habilitada".

Sobre ese punto indicaron que la calidad del líquido para la población fue probada por "los estudios realizados en el marco del plan de Desarrollo Sustentable de Añelo con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)" que concluyen que es "apta para el consumo humano".

En el comunicado oficial, YPF explicita que "no acepta el pago que solicita injustificadamente el abogado Luis Arellano", a quien señala como presidente de la fundación ambiental MAYC, de reciente creación.

El bloqueo, que se tuvo un antecedente la semana pasada, culminó con la presencia judicial. De todos modos, Di Maggio informó que formulará cargos a las personas que realizaron la medida, que ya fueron identificadas.

También señaló que se hizo devolución a YPF de las instalaciones ocupadas. Finalmente desde la compañía nacional confirmaron que debieron parar equipos de perforación.