En una fría jornada de agosto de 2012, en la refinería de Ensenada, la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó con los gobernadores de la Ofephi un pacto para cederles el control de alrededor del 25% de las acciones de la compañía. Fue la zanahoria para que presenten su aval al polémico decreto 1.277, que en los papeles centralizaba el control del negocio petrolero en el cada vez más poderoso exministro de Economía, Axel Kicillof.

A casi cuatro años de aquel acto, las acciones de YPF siguen en manos del gobierno nacional. En ese tiempo, los nueve distritos petroleros se perdieron de embolsar 74 millones de dólares en dividendos. De ellos, casi 31 hubieran correspondido a Neuquén y 2,3 a Río Negro.

El tema sorprendió a Miguel Ángel Gutiérrez cuando tomó el control de la compañía. Acostumbrado al mundo corporativo, pocas veces había visto directores que representan a accionistas que en realidad no son tales. Las cinco bancas reservadas a los estados provinciales son en la práctica testimoniales. En realidad, son votos que responden a los títulos que tiene la Nación.

Eso podría empezar a cambiar. Fuentes del sector privado aseguraron a este medio que ya hay contactos por el tema, y que dos entidades bancarias trabajan para hacer ofrecimientos a los gobiernos provinciales. Señalaron que se trata de acercamientos preliminares y que no se descarta que las acciones puedan cederse no sólo a cambio de dinero, sino de activos e incluso de deudas pendientes o juicios iniciados en contra de la compañía.

Nadie asegura que esto pueda resolver el tema, aunque podría representar un avance: desde aquel acto de 2012 prácticamente no volvió a hablarse del tema. Sólo lo agitó el exgobernador Jorge Sapag en medio del fragor de la batalla por la ley de hidrocarburos. En aquella oportunidad, Neuquén llegó inclusive a amenazar a Miguel Galuccio y al gobierno nacional con retirar a su director, Gustavo Nagel, en medio del fuego cruzado.

Pero la bandera de la YPF federal era un activo político que el gobierno kirchnerista nunca estuvo dispuesto a resignar. Aunque por lo bajo, siempre se arrepintieron de esa medida. La presencia provincial en el directorio se convirtió en un ariete de los gobernadores para enterarse de primera mano lo que ocurría en la empresa, no sólo en las reuniones ejecutivas sino también en los pasillos, acaso el contacto que más se cotiza.

Para acceder a esas acciones, salvo que exista una generosa donación del gobierno nacional, las provincias debería abonar el equivalente a unos 2.000 millones de dólares, según los valores de mercados actuales de la compañía en Wall Street.

Sólo Neuquén, entonces, tendría que desembolsar alrededor de 850 millones de dólares, una cifra que a todas luces no posee.

La propuesta de Sapag en su momento fue intercambiar las acciones por futuras concesiones o extensiones de concesiones en distintos yacimientos provinciales. Pero la nueva ley de hidrocarburos generó expectativas de derechos sobre los bloques que ya tienen concesión de exploración y explotación, por lo que esa posibilidad podría quedar limitada.

No es la única moneda de cambio. Muchas provincias tienen acciones judiciales iniciadas contra la operadora, algunas de ellas por regalías o impuestos mal liquidados, que podrían funcionar como un pago en especias.

Si las acciones efectivamente se transfirieran, también resta ver si el pacto de sindicación estipulado en las normas que reglamentaron la expropiación del 51% de YPF a Repsol se mantiene. Caso contrario, una eventual alianza entre las provincias con algunos accionistas privados podrían dar vuelta alguna votación.

Aun así, las provincias toman nota. En una gestión corporativa como la que se viene, el directorio dejará de tener un rol testimonial y pasará a jugar un papel clave en las grandes decisiones de la compañía.

Los gobernadores y sus representantes tendrán papeles de mayor gravitación en el desarrollo del plan de mediano plazo de la compañía petrolera, la más importante del país y las más fuerte en sus distritos.