El fenómeno de los subsidios a la energía, categoría particular de las transferencias corrientes que realiza el Estado a diversos sectores y que sobre todo abarca a la generación y provisión de energía eléctrica y gas, es relativamente nuevo en la Argentina. Según un estudio de KPMG, estas transferencias mostraron un crecimiento significativo durante la última década, cuando su participación en los subsidios totales transferidos por el Estado nacional se elevó de un 4% en 2005 a más de un 60% en 2015.

De acuerdo con la consultora, sobre la base de los datos aportados por la Ley de Presupuesto Nacional se espera que durante 2016 la injerencia de estos subsidios persista, aunque se prevé un retroceso que debería acompañar el nuevo esquema tarifario.

Denominado “Tarifas eléctricas, congelamiento, subsidios e impacto del ajuste”, el trabajo plantea que –si bien tuvo algún efecto de corte social– la política adoptada a partir de los eventos propios de la debacle de 2001 y de la Ley de Emergencia Económica 25.561 de 2002 ha impactado negativamente en el desempeño de las empresas del sector energético y en las cuentas fiscales, además de contribuir con el déficit público comprobado.

Según KPMG, el crecimiento de los subsidios al sector energético no tiene precedentes, ya que en poco más de una década su magnitud se incrementó en un múltiplo superior a las 870 veces con respecto a 2002, al tiempo que su participación en el total de transferencias lo hizo en más de 44 veces.

 

El relevamiento expone que el crecimiento de los subsidios económicos al sector energético no tiene precedentes, ya que en poco más de una década su magnitud se incrementó en un múltiplo superior a las 870 veces con respecto a 2002, al tiempo que su participación en el total de transferencias lo hizo en más de 44 veces. “Desde un punto de vista comparativo, las tarifas al consumo eléctrico en la Argentina presentaron, durante todos estos años y hasta el reciente cambio de esquema, dos características fundamentales: eran anacrónicas (porque estaban pesificadas y congeladas desde 2002 y sufrieron escasas variaciones o ajustes en los últimos años); y estaban desligadas de los costos de generación desde que la Ley de Emergencia Económica rompió la relación inherente entre éstos (donde impactan el precio internacional del gas –de grandes variaciones en la última década– y la inflación local) y la tarifa de consumo (subsidiada por el Estado)”, indica el reporte. (…)