El funcionario se mostró intranquilo porque “ni los funcionarios administrativos, ni jueces, ni fiscales están iniciando acciones”.

“Las acciones civiles y administrativas no resultan eficaces. El contaminador a lo único que le tiene miedo es a la posibilidad de que se le abra una causa penal”, aseguró el fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien visitó la región para plantear su “gran preocupación por la contaminación del petróleo” en la provincia.

El funcionario dijo que la política de aplicación de multas por daños ambientales como la que existe en Neuquén “da muy malos resultados” y pidió a ciudadanos y legisladores que actúen en querellas penales cuando ocurren incidentes.

Gómez dio el martes un seminario sobre “Delitos Ambientales y Derechos Humanos” en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue junto a integrantes de la comunidad Campo Maripe.

“Las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando. En el primer caso de contaminación ambiental, a la minera Barrick Gold el gobierno de San Juan le impuso una multa millonaria y ni siquiera la apelaron. Pagaron y siguieron contaminando hasta que se produjo la rotura semanas atrás. Me parece que la política de multas es interesante, no tiene nada que ver con la acción penal, pero también ha demostrado que es una excusa para tratar de mostrar a los ciudadanos que se está haciendo algo cuando, en lo concreto, da muy malos resultados”, explicó Gómez. Para él, “detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario corrupto”.

El fiscal indicó que para iniciar causas por contaminación no se requieren grandes recursos técnicos o humanos. “Hay un gran mito que dice que tenemos que andar recogiendo pruebas químicas, que no tenemos un plomatógrafo gaseoso para establecer niveles de plomo, etcétera. No es así”, sostuvo. “Me preocupa que ni los funcionarios administrativos, ni jueces ni fiscales estén iniciando acciones. Que no haya querellas penales en Neuquén es también responsabilidad de la sociedad y de los legisladores”, planteó.

Gómez ha iniciado un centenar de causas por delitos ambientales y fue el impulsor de la investigación contra el gerente de la minera La Alumbrera, Raúl Pedro Mentz, que derivó en su procesamiento por la contaminación de la cuenca de los ríos Salí-Dulce.

“A Neuquén me trae la gran preocupación que yo tengo por la contaminación del petróleo. El impacto parece que fuera desconocido por la justicia y los fiscales de Neuquén. Se han dedicado a criminalizar a los pueblos originarios y ninguna empresa tiene causas penales por delito de contaminación”, dijo.