Los legisladores también reclamaron a sus pares provinciales, a darse una estrategia común para defender todo el sector.

o de los aspectos centrales de la resolución, aprobada por la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz el pasado jueves, quizás sea “el llamado a los gobiernos de las provincias productoras de  crudo a que instrumenten, a la brevedad, una convocatoria de sus instituciones para generar un mecanismo de estrategia común, en defensa del mantenimiento del precio sostén del barril de petróleo en el mercado interno”.

Las provincias productoras de crudo están nucleadas en torno a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que desde el cambio de gestión a nivel nacional no ha tenido ningún pronunciamiento concreto sobre la política energética del Gobierno nacional (ni por el aumento de las tarifas aplicado).

En ocasión de un reportaje realizado al secretario gremial de los petroleros jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, publicado en estas mismas páginas, el dirigente sostuvo que “más allá de la cercanía política de algunos gobernadores con el Gobierno nacional, deben responder a la gente que los votó”, en una clara interpelación a la OFEPHI.

El proyecto aprobado la semana pasada es una de las primeras veces en que desde un Poder Legislativo, se insta al conjunto de las provincias productoras a fijar una posición común, ante lo que puede llegar a ser un cambio inminente en la política de precio sostén del crudo interno, la cual ha servido en los últimos años no sólo para sostener las fuentes laborales sino para impulsar el desarrollo de la soberanía energética (al menos hasta el 10 de diciembre de 2015).

Hasta el momento, el esquema de subsidios al barril criollo tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año. El vicegobernador de la provincia, Pablo González, narró en varias oportunidades que luego de discutir el tema con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, todo haría suponer que para el próximo año se pondría fin a esta política de subsidios a la industria. De ser así, la provincia de Santa Cruz dejaría de recibir en concepto de regalías 150 millones de pesos mensuales, aproximadamente.

¿Cuáles son los indicios concretos que existen para pensar que el Gobierno nacional le pondrá fin a la política de precios sostén? Más allá de las expresiones del propio ministro Aranguren, existen datos concretos de la reducción paulatina de este subsidio.

Entre 2014 y 2016, el precio del barril de crudo tuvo una depreciación del 88,6 por ciento. Pero a partir del valor sostén aplicado por el anterior equipo económico, se logró mejorar la ecuación de las operadoras. El desacople se estipuló en 77 dólares por barril para el crudo extraído en la cuenca neuquina y, para el petróleo tipo Escalante obtenido en la Cuenca San Jorge (Santa Cruz y Chubut), el barril se fijó en 63 dólares aproximadamente.

La estipulación de ese precio sostén se justificaba también por la existencia de un marco normativo, sancionado en 2012, que estableció un Régimen de Soberanía Hidrocarburífera y la actividad se declaró de interés público. Una de las primeras decisiones del equipo energético de la actual administración fue reducir el precio sostén, en comparación con lo que se venía desarrollando hasta el 10 de diciembre de 2015. Hubo una reducción del 13 por ciento para el crudo extraído en Neuquén (el barril quedó en 67 dólares), y un 18 por ciento para el crudo tipo Escalante (54,60 dólares), que es el producido en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Si bien esto fue lo que ocurrió en las primeras semanas del Gobierno, lo que viene observándose en los últimos meses es una reducción por goteo del precio sostén. En agosto, los productores cobraron un 2 por ciento menos del precio sostén por el crudo que destinaron en la industria local, en septiembre la reducción fue del 4 por ciento y en octubre, la merma está estipulada en un 6 por ciento. Este es el escenario que llevó a los distintos bloques parlamentarios a aprobar una resolución para que el Poder Ejecutivo explicite cuál será su política hidrocarburífera.

Otro dato que indicaría que el Gobierno nacional está dejando en manos del mercado la regulación del sector de los hidrocarburos, es la subejecución presupuestaria de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y el recorte presupuestario estimado para el mismo rubro en 2017.

En lo que va del año, el programa estratégico fue ejecutado en un 30,56 por  ciento, cuando la media de ejecución de todo el presupuesto nacional al 15 de octubre llega al 70 por ciento. (...)