YPF definió ayer no reactivar 33 equipos torre (perforación, pulling y workover) que mantenía en stand by en la cuenca Neuquina desde febrero en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) firmado con los sindicatos petroleros y las cámaras que agrupan a las empresas productoras y de servicios (Ceph y Ceope). En la práctica, eso implicará que cerca de 1700 trabajadores contratos como compañías de servicios –entre las que figura H&P, San Antonio, DLS, Nabors y Quintana, entre otros- pierdan su puesto de trabajo en los próximos días.

Con un petróleo en torno a los 50 dólares a nivel internacional y sin certezas claras en torno a cuál será la política petrolera que aplicará el Gobierno durante 2017, la petrolera estatizada decidió avanzar en la adecuación de sus niveles de actividad en la cuenca para garantizar la sustentabilidad de su actividad. En números, el mantenimiento de 33 equipos en stand by –es decir, en reserva, sin utilización efectiva- la costó a la empresa cerca de US$ 100 millones durante todo 2016. No hay margen para seguir adelante con una erogación de esa envergadura durante el año que viene.

La petrolera reestatizada definió también la salida de Sergio Affronti, que hasta ayer estuvo a cargo de la poderosa Vicepresidencia de Servicios Compartidos, que manejó el vínculo con las empresas de servicios petroleros.

Frente a ese escenario, el líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privados de la Cuenca Neuquina, Guillermo Pereyra, declaró hoy a la prensa neuquina que el gremio presentará mañana un plan de medidas de fuerza para resistir la medida de la petrolera, el mayor jugador de la industria. “No vamos a permitir despidos. “Es una responsabilidad del Estado porque esto no está ocurriendo en otras grandes como Pan American Energy (PAE) o la francesa Total”, acusó en diálogo con la radio LU5.

El sindicalista quedó inmerso en un delicado escenario de múltiples variables de compleja resolución. Por un lado, sabe que YPF está obligada a recortar Capex porque no puede continuar con el ritmo de inversión de años anteriores como resultado de la caída del precio interno del petróleo y del elevado nivel de endeudamiento de la empresa. Eso implicará, en los hechos, una baja de la actividad de la mayor petrolera de la cuenca y por consiguiente, en una reducción del personal contratado. En ese punto, la meta de Pereyra es encontrar instrumentos para morigerar el impacto social de la medida.

En esa clave, el gremialista –que a su vez es senador nacional por Neuquén por el MPN y preside la Comisión de Energía de la cámara alta- la semana pasada le solicitó al presidente Mauricio Macri un subsidio para 1000 trabajadores por $ 20.000 mensuales. Según confiaron a El Inversor Online fuentes vinculadas a esa negociación, el Ejecutivo accedería a ese pedido. En los hechos, Pereyra pretende lograr un paliativo para que dos tercios de los trabajadores que, se estima, serán despedidos tengan un subsidio durante el año 2017, de cara a ganar tiempo hasta 2018, que es cuando realmente se aspira a que se reactive la actividad en Neuquén. Al mismo tiempo, aspira a que YPF vuelva sobre sus pasos y reincorpore a cerca de 500 trabajadores que planea cesantear. (...)