Al funcionar en UTE desde 1990 con CRI Holding Inc., es una de las cuatro empresas petroleras con contratos de concesión enmarcados en el Código Minero Nacional. A través de fusiones y cesiones, la firma comenzó a desprenderse de las tierras cedidas para explotación minera, disponibles ahora para el mercado inmobiliario y con márgenes millonarios de ganancias.

Al haber adquirido su concesión de modo previo a la sanción de la Ley Nacional de Hidrocarburos, estas empresas se rigen por el marco legal minero, mucho más ventajoso en términos comparativos con el plexo que regula a las grandes operadoras: concesiones por 99 años, un 3% de regalías y estabilidad fiscal.

Además, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia (CACRSA) es de las que menos aportes efectúan al Tesoro provincial, con un promedio de 230.000 pesos por trimestre en los reportes más productivos de los últimos años.

Por otra parte, los estados financieros presentados por la empresa a la Comisión Nacional de Valores no resultan alentadores en lo que refiere a inversiones petroleras, un hecho que coincide con hacer del negocio inmobiliario el perfil central de la empresa, aunque operando con otra denominación para lo que cambia rotundamente el eje de explotación de tierras concedidas por Nación: de la extracción petrolera al mercado de bienes raíces.

En una reseña informativa presentada ante la mencionada Comisión de Valores, y que reúne las actuaciones al 30 de junio de 2015, se señala que se suscribió un acuerdo de disolución y Liquidación de la compañía de Minas para la que se había conformado la UTE con CRI Hoding, mediante la que se recupera el 100% de la titularidad minera y se indemniza a esta última con la suma de 3 millones de pesos, aunque se le otorga la operación del área con una regalía variable de entre el 8% y el 12% de la producción. La transferencia refiere únicamente a la propiedad minera, manteniéndose la Compañía como titular del 100% de la propiedad superficiaria. En paralelo, surge del mismo informe la suscripción de un acuerdo con Sol de Mayo SRL por la cancelación de crédito mediante la cesión en pago de una fracción de tierra de la compañía en la zona de mina San Jorge valuada 7 millones de pesos, que se consideran para la cancelación total de la deuda.

Meses más tarde, se suscribe un nuevo acuerdo sumando la cesión de otras 15 hectáreas en el mismo sector, implicando la transferencia un crédito para la compañía de 250.000 dólares (monto equivalente a lo que hoy se comercializa un solo lote de la urbanización alzada en la zona).