La empresa YSUR - YPF podría acudir a la Justicia para rechazar una ordenanza mediante la cual el municipio de Allen busca cobrarle una suma millonaria en concepto de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

Desde la petrolera estatal advirtieron que el municipio pretende avanzar sobre actividades que ya regulan autoridades provinciales.

La relación entre YSUR - YPF y la comuna de Allen atraviesa un momento de mucha tensión. Una serie de decisiones que tomó el Ejecutivo local afectaron la “convivencia” que vinculaba a las partes.

El primer punto conflicto surgió hace poco, cuando el municipio decidió no autorizar más tendidos de gasoductos y oleoductos por entre medio de las chacras, sobre terrenos privados.

La idea del Ejecutivo de que las líneas de producción sean instaladas sobre caminos públicos, alteró los planes de YPF y retrasó la puesta en producción de algunos pozos de gas.

Se sumó al desentendimiento la aprobación del Plan Rector, que estableció zonas “buffer” o de protección en las que YPF no puede perforar (a 500 metros de los sectores urbanizados).

Ahora YSUR- YPF encontró otro escollo en el camino: la ordenanza recientemente modificada por la cual el municipio busca cobrarle una tasa a las grandes empresas, que alcanza el 1% de la facturación mensual. Fuentes de YSUR – YPF indicaron que antes de que se sancione la ordenanza en cuestión no existía una norma que previera el pago de tasas a empresas hidrocarburíferas y que por ese motivo se había intentado realizar un acuerdo de partes con el municipio por el servicio de inspección a oficinas y áreas de servicio de la planta (almacenes, oficinas, depósitos, etc).

Hubo reuniones en las que se realizaron propuestas basadas en el concepto de retribución de un servicio efectivamente prestado por el municipio en las locaciones sobre las que tiene potestad de inspeccionar, siempre respetando el principio de proporcionalidad del monto de la tasa con el costo del servicio.

Sin embargo, aseguraron desde YSUR – YPF, las propuestas no fueron aceptadas y ahora “se pretende cobrar una tasa de contralor sobre actividades sobre las que ya regulan autoridades provinciales”.