Una respuesta a las críticas que realizan encumbrados asesores vinculados a la cadena valor de los hidrocarburos en Argentina.  Luego de la interrupción del Plan Alconafta, hecho que impidió a nuestro país desarrollar de manera temprana como lo hizo su vecino Brasil, una oferta interna sustentable de combustibles de base biológica, la Ley 26.093 –sancionada en 2006- permitió el despegue de la producción en el país de los mismos, a partir del establecimiento de un mandato de uso en mezclas con combustibles minerales, que se ejecutó efectivamente desde 2010. 

Los objetivos principales de esta norma, lejos estuvieron de abaratar el precio de los combustibles en surtidor, por el contrario, pasaron por la promoción de una oferta de combustibles biológicos que reduzca la huella de carbono y los efectos dañinos que sobre la salud genera la quema de combustibles minerales; la industrialización de la ruralidad, especialmente en zonas de economías regionales, con el consiguiente impacto positivo en las inversiones y en el empleo; la sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas, típicas de nuestro sector externo, como así también, a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo; coadyuvar a la desconcentración del mercado de combustibles líquidos en Argentina. 

El proceso vinculado a la siembra, cuidado del cultivo, cosecha, almacenamiento y transporte de las materias primas agrícolas obtenidas susceptibles de ser industrializadas y más tarde destinadas a la producción de biocombustibles, resulta más costoso que las actividades vinculadas al upstream y midstream de petróleo. Recordemos que el petróleo ya fue producido por la naturaleza hace millones de años, mientras que las materias primas agrícolas utilizadas en la producción de biocombustibles, deben ser producidas por el hombre, empezando desde cero. Además –y esto no es menor-, el desarrollo del clúster petrolero lleva más de cien años en el país, mientras que el de los biocombustibles, se potenció en los últimos catorce años, por lo que no podríamos pretender su madurez ahora. 

En atención a que los biocombustibles son limpios, en nuestro país –como ocurre mayoritariamente en otros países- están fuera del alcance de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y el CO2. Similar tratamiento presenta ante estos impuestos el gas vehicular, a pesar de ser de origen mineral –medida acertada por cierto, porque además de ser menos contaminantes que los combustibles líquidos, ayudan a desconcentrar la oferta de éstos, en un mercado de tipo oligopólico, cuasi monopólico, donde la participación del Estado en el negocio, medida ésta en forma global, es significativamente minoritaria-. Mirado desde otro punto de vista, esas decisiones están en línea con los preceptos establecidos por los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional –en este último caso, con relación a la defensa de la competencia-. 

Por el contrario, los combustibles minerales están gravados por aquellos impuestos específicos, salvo el fuel oil con relación al Impuesto a los Combustibles Líquidos y una cuota anual de gasoil importado para generación eléctrica en ambos tributos, por los daños al ambiente y a la salud pública que generan los mismos. 

Esa diferencia de encuadre tributario impacta positivamente en el consumidor, para restituir la competitividad relativa de los biocombustibles frente a los combustibles minerales que complementan o sustituyen. Los precios de estos últimos no incluyen todos los costos sociales asociados a su uso y por lo tanto, son artificialmente bajos. Los importantes profesionales que defienden el paradigma de los combustibles minerales, al tiempo que atacan a los biocombustibles, se olvidan de mencionar las desgravaciones que gozan el gas vehicular, la del gasoil importado para generación eléctrica y la del fuel oil –en este caso parcial-, más allá de si son necesarias o no. Además, eluden referirse a los subsidios y su respectivo costo fiscal que habitualmente se otorgan a los hidrocarburos, como el relacionado al vigente Plan Gas. Este es un fuerte indicio de la parcialidad con que envían sus mensajes a la opinión pública. (...)