A pesar del subsidio oficial a las productoras y los planes de importación, todo indica que este invierno escaseará gas. El dato desvela al Gobierno en el mismo momento que toma decisiones osadas para el área: para planchar la tarifa el Estado asumirá como propias inversiones para expandir la red de transportistas y distribuidoras.

Es un verano difícil para la Secretaría de Energía, que tiene entre manos tareas tan decisivas y complejas como definir un precio de “transición” para el gas. Ese nuevo valor —que resultará de un aumento cuya envergadura aún no fue definida—se aplicará mientras se definen cuadros tarifarios definitivos, bajo el comando del Enargas.

Para ambos cometidos el ente regulador hizo una revisión detallada de los contratos de transportistas y distribuidoras con la ayuda de la Facultad de Ingeniería de la UBA. De examen resultó que las empresas tienen una situación operativa sólida pero lo que complica a algunas son sus pasivos en dólares, Metrogas como caso testigo.

A decir del interventor Federico Bernal, técnico de buenos lazos con Cristina Kirchner, el foco no está puesto en cuánto ganaron las empresas sino en cómo sostener su actividad en el futuro, garantizando la operatividad del servicio y, al mismo tiempo, tarifas “justas y razonables” según el mandato de la ley.

A juicio del ente, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se hizo durante el macrismo y fundó los últimos aumentos tarifarios resultó de aplicar bases técnicas equivocadas al valorar los activos en juego y no las necesidades de caja para prestar el servicio.

Entre otras consecuencias, las subas habrían sumido a 3 millones de hogares en la pobreza energética (lo que implica que requieren entre el 10 y el 20% de sus ingresos para cubrir el costo de esas prestaciones) y a 1,4 millones en la indigencia (necesitan más del 20% de sus ingresos para pagar las facturas de gas y luz).

Los precios de transición y las nuevas RTI deberían subsanar este problema, lo que impone de hecho un freno a cualquier ajuste.

Como contrapartida, sin embargo, la RTI macrista les habría exigido a las prestadoras de los servicios un total de unas 2.600 obras, listado no sólo difícil de ejecutar por su extensión sino de controlar.

El Gobierno sabe que en esta coyuntura no es posible reclamar obras sin dar aumentos en el valor agregado de distribución, la porción de la tarifa que nutre la caja de las empresas reguladas. Por eso es que la línea de trabajo oficial es que el Estado ejecute las inversiones, en particular para expandir los servicios, eximiendo de esa carga a las prestadoras.

Este camino podría asumir la forma de obra pública convencional, a costear a través del Presupuesto. Al menos este año hay importantes asignaciones para gasoductos, sólo uno de los capítulos de este rubro. La idea también es compatible con la inspiración keynesiana de la gestión de Alberto Fernández para reanimar la economía pandémica. De hecho, la obra pública crecerá un 51,3% en términos reales en el 2021.

Para emprendimientos de menor envergadura, o si la situación fiscal no logra más holgura, podría apelarse a un cargo específico sobre la tarifa de ciertos usuarios beneficiarios de esas obras. Quizás para alimentar un fondo fiduciario bajo administración estatal, fórmula ya conocida. (...)