El Gobierno ya tomó una decisión: empezó a destinar subsidios al gas importado para que los hogares puedan utilizarlo sin tener que pagarlo -por el momento- con más aumentos de tarifas. En base a las nuevas estimaciones del impacto de esa medida en las cuentas públicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que definir en los próximos 10 días, antes de fi de mes, si va a mantener el congelamientodelaluzyelgaspor todoel invierno. 

De otra forma, debería sacudir fuertemente con nuevas subas a los usuarios y sumaría más de 2 puntos a la inflación de los próximos meses, de acuerdo a los cálculos de la consultora EcoGo.

Además, Economía está gastando además más dinero para el funcionamiento de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); tiene que evaluar si sube las tarifas del agua en junio; y si aplica el incremento del impuesto a los combustibles para tener mayor recaudación tributaria, lo que implicaría un alza de hasta el 7% en la nafta.

El conjunto de ajustes programados depende de tres variables: que existan otras áreas para recortar más u otras fuentes alternativas de ingresos; que baje la inflación; y que se sostenga el apoyo social al presidente Javier Milei.

La indexación mensual de las tarifas de Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, TGS y TGN, entre otras empresas, no genera costo fiscal para el Gobierno, pero sí el congelamiento de los preciosmayoristas de la electricidad, el gas, el agua y el transporte. La respuesta oficial es que "no está definido aún" lo que se va a hacer en junio, como contó Clarín la semana pasada.

Según las primeras proyecciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios debían bajar este año del equivalente al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al 1,6%, de los cuales los destinados a la energía iban a reducirse de 1,6 puntos a 1,1. . Pero con las nuevas condiciones y tras haber suspendido los ajustes de mayo, los subsidios energéticos terminarían el 2024 entre el 1,4% y el 1,5% del PIB, según los cálculos de los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss, en un adelanto del informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

Esto sucede pese a que en los primeros cuatro meses del año el gasto público devengado en subsidios a la energía fue de $ 1.516.270 millones ($ 1,51 billón) y tuvieron un ajuste del 40,7% interanual en términos reales, descontado el efecto de la inflación.

Mientras tanto, hubo una decisión oficial resonante en estas horas: empezó a volcar al mercado las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) a precio subsidiado para que las distribuidoras lo puedan comprar y entregar a los hogares sin anotar pérdidas contables.

Hasta el jueves, la Secretaría de Energía ordenaba a la empresa pública Enarsa venderlo a 12,90 dólares por millón de BTU.

Con todo, y aunque los aumentos fueron significativos hasta abril, una prórroga del congelamiento de tarifas llevaría a que los hogares vuelvan a pagar lo mismo o menos por la producción de energía -sin contar las tarifas reguladas de transporte y distribución- que cuando asumió el Gobierno.

Según el IIEP, los usuarios Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), que explican el 70% del total de los hogares, abonaban en diciembre 2023 el 15% y el 18% del costo mayorista de la energía eléctrica, respectivamente, y hoy cubren apenas el 4% y el 5%.

En gas, la cuenta es al revés: hace cinco meses la relación era del 10% y el 13%, mientras que actualmente es del 14% y el 20%, respectivamente, del precio que se traslada a sus tarifas sobre el costo real de abastecimiento.