El ingreso a la torre de YPF en Puerto Madero (Alejandro Beltrame) Las probabilidades de que ocurran son bajas, pero el bufete inglés Burford, principal beneficiario de la condena en primera instancia contra la Argentina por haber expropiado mal YPF en 2012, le pidió a la jueza Loretta Preska –que lleva este extenso juicio en su corte del Distrito Sur de Manhattan hace 9 años– quedarse con el control del 51 por ciento de las acciones de petrolera que están en manos del Estado. 

Son bajas las chances, pero el pedido está presentado y podría prosperar. Burford sabe que no podrá cobrar el fallo de Preska que indicó que Argentina debe desembolsar USD 16.000 millones –ahora casi USD 17.000 millones, por los intereses que corren a diario–, y quiere sentarse a negociar con un que hasta ahora no dio señales de querer hacerlo, más allá de los dichos del presidente Javier Milei quien dijo meses atrás que había “voluntad de pago”. 

En ese contexto, el estudio inglés pidió formalmente las acciones de la empresa y embargar activos locales en el exterior, dos medidas que avanzan en el estrado de Preska mientras, en paralelo, Argentina defiende su postura en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con la intención de revertir la condena de la magistrada que reemplazó al fallecido Thomas Griesa. Hoy se conocieron los argumentos de la defensa local que presentaron en Nueva York cinco abogados de Sullivan & Cromwell, el estudio que representa al país en EEUU en esa causa y que sigue los lineamientos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra. 

La jueza Loretta Preska (Reuters) Se trata de tecnicismos con los que, a grandes rasgos, el Estado busca convencer a Preska de que no puede embargar activos locales en el exterior, ni transferir acciones de la empresa y, sobre todo, que no puede actuar sobre un territorio soberano. La enumeración de los argumentos es la siguiente: Básicamente, se asegura que una corte foránea no puede obligar a otro país a repatriar activos. 

“Argentina dice que la doctrina de international comity prohíbe que una corte de EEUU ordene a estado extranjero hacer algo en su propio territorio. Sobre todo si implica violar o cambiar una ley (Ley 26.741 prohíbe transferir acciones de YPF expropiadas sin el voto 2/3 del Congreso)”, dijo en X Sebastián Soler, quien fue viceprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández. “Argentina presenta informe experto del Dr. Alfonso Santiago (especialista en derecho constitucional) que explica que la prohibición de transferir las acciones expropiadas sin aprobación del Congreso aplica tanto a transferencias voluntarias como a las ordenadas judicialmente”, destacó Soler. Otra mitad de la biblioteca cree que la ley de expropiación hace referencia solo a “transferencias voluntarias”, como podría ser una venta, y no, como sucede en este caso, a una orden judicial. Fuentes cercanas a Burford creen que esa prohibición de transferencia no aplicaría ante una eventual orden de Preska. “28 US Code 1610″ es una referencia al United States Code –la compilación y codificación de la legislación federal general de EEUU– que en su apartado 1610 hace referencia a “Excepciones a la inmunidad de embargo o ejecución”. (...)