La habilitación de Sea Lion, que ha sido declarada por Argentina como clandestina e ilegal, se convertiría en pilar estructural de control colonial de facto sobre las Islas Malvinas al tratarse de un yacimiento (cuenca norte, bloque 14/10) estimado en 1700 millones de barriles de petróleo, varias veces más importante que los de Rosebank y Jackdaw en el Mar del Norte británico.

El petróleo de Sea Lion, que fortalecerá la seguridad energética del Reino Unido, le otorgaría una renta que le permitiría incrementar aún más la presencia militar y contribuiría a la mayor autosuficiencia isleña.

Las concesiones a empresas extranjeras y la participación de mercados financieros en la explotación petrolera de Malvinas, reforzaría la narrativa británica de supuesta estabilidad jurídica y de administrador exclusivo de los recursos del Atlántico Sur.

Ese cuadro de situación expone la desprotección de los intereses estratégicos argentinos en su propio espacio de soberanía. No solo supone daños irreparables sobre recursos no renovables de alto valor económico, sino que coloca a la Argentina en una posición de mayor desventaja en la controversia.

Esas circunstancias, entre otras, plantean la necesidad de impulsar medidas de diplomacia preventiva que intenten detener la próxima explotación unilateral del yacimiento que contradice el mandato de no innovar de las Naciones Unidas y erosiona intereses geopolíticos argentinos.

Una posibilidad, sin perjuicio de las vías diplomáticas pertinentes, sería exponer los riesgos financieros del emprendimiento Sea Lion (CAPEX inicial de 1400 millones de dólares) resaltando que el consorcio (Navitas Petroleum de Israel con el 65% y la británica Rockhopper con 35%) enfrenta una significativa ecuación de incertidumbres políticas y jurídicas además de las propias de un ecosistema frágil, que suelen ser contingencias internacionales sensibles para entidades regulatorias y fondos de inversión.

Al cotizar Navitas Petroleum en la Bolsa de Tel Aviv (TASE) y estar sujeta al derecho corporativo israelí y a la regulación bursátil de la Israel Securities Authority (ISA) sería oportuno que la Argentina advierta a ambas instituciones que la empresa se encuentra contraviniendo directrices expresas de no innovar de la ONU y asumiendo riesgos legales, ecológicos y geopolíticos relevantes que pueden afectar a los inversores y el valor de mercado de la empresa.

También se podría argumentar ante TASE la conveniencia de evaluar la idoneidad de la permanencia de la empresa en el índice ESG de inversión responsable y, entre otras cuestiones, plantear al ISA que Navitas Petroleum de mayor divulgación de los riesgos que enfrenta el yacimiento.

Estas acciones de diplomacia preventiva se podrían complementar con el impulso de medidas cautelares en Israel por la existencia de un peligro de daño inminente e irreparable de prosperar la explotación del yacimiento.

También en Estados Unidos, ya que Navitas Petroleum tiene sede operativa en Houston.

Lo que en todo caso habría que evitar es que la explotación del petróleo en las Islas Malvinas se convierta para la Argentina en una competencia geopolítica de suma cero.