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Argentina se presentó ante la cámara de Apelaciones por juicio YPF

29/09/2025 | COMPAÑIA | Noticias Destacadas | 1366 lecturas | 440 Votos



Expuso cuatro ejes por los cuáles rechaza el fallo de Preska que obliga a pagar u$s 16.100 millones o a traspasar el 51% de las acciones del Estado en la petrolera. Se definirá en 2026




La Argentina comenzó la presentación de argumentos en la apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia condenatoria por US$16.000 millones por la nacionalización de la empresa. También fue a la misma cámara -Apelaciones, llamada Segundo Circuito en Estados Unidos- a tratar de impedir la orden de entregar todas las comunicaciones (chats y celulares) de funcionarios actuales y ante riores que tuvieran alguna vinculación con el caso.

Burford debe presentar su escrito de respuesta el 14 de noviembre y Argentina tendrá la palabra final el 12 de diciembre. La audiencia ante los jueces de Cámara será en 2026.

Entre los argumentos para tratar de conseguir un fallo a su favor, Argentina sostiene que la orden es "sin precedentes" y viola principios fundamentales del derecho internacional y la legislación estadounidense. El objetivo principal de la presentación es reafirmar el respeto a la soberanía de los Estados y las normas que protegen los activos soberanos.

La defensa legal argentina que lidera la Procuración del Tesoro junto con el cuerpo de abogados del Estado que encabeza Santiago Castro Videla junto a estudios de EEUU, resumió de esta manera: se estructura en cuatro argumentos principales, buscando la revocación de la decisión de primera instancia. Los mismos son: Hay violación de la inmunidad Soberana. La presentación subraya que tanto la práctica como el derecho de EE. UU. protegen la propiedad de un Estado en el extranjero frente a embargos. La Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de 1976 solo estableció

excepciones de ejecución para bienes situados dentro del territorio estadounidense, nunca para activos ubicados fuera.
Hubo una "interpretación errónea del Derecho de Nueva York. Se argumenta que se aplicó de manera incorrecta la norma de "turnover, la cual no fue diseñada para forzar a un Estado soberano a trasladar activos desde su propio territorio.

Además, ven "desconocimiento del derecho argentino e Internacional". Esto es porque la orden judicial forzaría a la República Argentina a ignorar su propia legislación, que exige la aprobación del Congreso por mayoría especial desde 2012 para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contraviene el principio de cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado fundamentales en las relaciones entre naciones Además, que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países.

Añaden que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable. Incluso, si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.

Burford no hace declaraciones sobre el juicio, pero allegados al fondo cree que está dispuesto a terminar con el pleito a través de una compensación económica.

 Un punto destacado en la presentación argentina es el apoyo indirecto recibido previamente del Gobierno de los Estados Unidos, que en dos ocasiones advirtió sobre las implicaciones de la orden de la jueza Preska.

La administración norteamericana señaló que esta medida "no tiene precedentes" y, de ser confirmada, pondría en riesgo los intereses de EE. UU. en el exterior al sentar un peligroso precedente que podría abrir la puerta a represalias contra activos estadounidenses en otros países.

Argentina cree que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión, protegiendo así la inmunidad soberana.

La jueza Preska ordenó a la Argentina pagar u$s 16.100 millones a los demandantes (Burford y Eton Park). Como el país no siguió esa orden, luego le ordenó que transfiera el 51% de las acciones de la petrolera -en manos del Estado nacional- a los fondos que litigan contra el país. Argentina apeló tanto el fallo que lo obliga a pagar como la orden de ejecución que hace responsable al Estado argentino de transferir su participación accionaria para una posible ejecución a los fondos.

En julio, la jueza había rechazado el pedido argentino de suspender el traspaso de las acciones. La defensa apeló la decisión y además sostuvo que irá hasta la Corte Suprema. Argentina pidió un "stay", una suerte de medida de no innovar ante la Cámara de Apelaciones (Segundo Circuito), mientras espera que esa misma instancia resuelva sobre el fallo de Pres- ka. Y consiguió de esa manera, que la orden no se aplica hasta que el fallo sea revisado por el Segundo Circuito.

Fuente: El Cronista

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