Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones específicas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las áreas intervenidas. Además de las inspecciones en obra, el gobierno provincial supervisa los procesos de recomposición ambiental en los sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos. 

Mediante la construcción del gasoducto Tratayen-San Antonio Oeste (a cargo de Matías Pipeline S.A) se busca abastecer a las exportaciones de GNL, en el marco de un proyecto impulsado por Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Hace pocos días, el Ministerio de Economía de la Nación publicó la Resolución 873/2026, donde se anunció de manera formal el ingreso del gasoducto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), para el cual se estima una inversión de 1.300 millones de dólares. El proyecto atraviesa dos provincias, conectando Tratayén en Neuquén con San Antonio Oeste en Río Negro. 

También se contempla la construcción de infraestructura clave para que la costa rionegrina se consolide como un punto estratégico de exportación de GNL, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte logístico en el Puerto San Antonio Este. Desde la Provincia se aseguró que las obras son parte de sus políticas orientadas a potenciar el sector energético, combinando "nuevas inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales" que distinguen al Golfo San Matías y a toda la costa rionegrina. En ese sentido, se señaló que el esquema de fiscalización "se apoya en tres pilares": control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.