Sabido es que el mercado energético de Argentina sufre, como ningún otro en el mundo, el acoso de la voracidad fiscal; tanto del Gobierno Nacional, cuanto de los Gobiernos Provinciales y Municipales. Ningún estamento político se priva de hundir sus afiladas garras en éste apetitoso producto: saben que todo el mundo necesita energía para vivir, desde la luz que encendemos a la mañana, el gas que utilizamos para cocinar, el auto que necesitamos para ir a trabajar, el horno de la fábrica, etc. Sin energía la vida moderna no sería posible. Por lo cual, todos los políticos populistas que nos han acosado, han visto en dicha necesidad un botín excelente y rápido al que echarle mano. Así por ejemplo, el ex Gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota,  inventó una “tasa vial”, y en ése desaguisado fue seguido por los “barones del conurbano” y muchos otros intendentes bonaerenses que, sin ningún tipo de pudores, echaron mano al combustible para hacer caja; sin importarles ninguna ley, Constitución, ni norma vigente que pudiera ponerles freno; y generando distorsiones enormes en el mercado de combustibles, perjudicando directamente a cientos de empresas que debían aplicar éstos “impuestos” a sus productos y perdiendo sensiblemente competitividad frente a otras jurisdicciones que no tenían tales gabelas.  

Si la cuestión no siguió, fue por la amenaza de que nuestra Corte Suprema los declarara inconstitucionales, y ésos fiscos (provinciales y municipales) se vieran obligados a reparar los perjuicios. Aunque aún hoy existen casos aislados de municipios que insisten con tan ilegal gabela. Siguiendo nuestro razonamiento, el combustible líquido fue históricamente preferido en Argentina para recaudar, fácil y rápido, abusando de la necesidad que los consumidores tenemos de dichos productos. Ningún combustible líquido se salvó del “manotazo”, incluyendo el gasoil que, históricamente, fue más económico; pero paulatinamente también fue presa de la voracidad fiscal, al punto de hacer hoy inconveniente un automóvil con motor diésel, salvo camiones, colectivos, y –como siempre- la maquinaria agrícola. 

Así entonces, el automovilista argentino se ha ido volcando hacia el GNC, que es sensiblemente más económico que el combustible líquido. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué parece que el Estado se preocupa en mantener bajo el precio del Gas (técnicamente una tarifa)? Pues porque entiende que es más “popular” hacer política con el Gas. Los actores son diferentes, el mercado es diferente, los consumidores son diferentes. La política demagógica hizo el milagro. La gente percibe al Gas como “la garrafa social” y “el taxi”; ignorando también que la industria es la gran consumidora de éste combustible.  Asimismo, el poder de lobby de la industria ha logrado mantener éstas tarifas a niveles que, aun siendo caros, son más económicos que otras variables. También se percibe al Gas como una energía “limpia”, aunque ello es discutible. Pero seguramente es más limpia que el carbón; y menos peligrosa que la energía nuclear; además de ser abundante. Pero ésta supuesta “limpieza” no es lo que hace la diferencia con el Gas, porque basta ver cómo las empresas de biocombustibles están “a los tumbos” por las bipolares políticas fiscales que se siguen en relación a ellas. 

Hay diferencias de tratamiento legislativo / impositivo a favor del Gas, que valen la pena señalarse, y es allí donde radica la mayor diferencia. El control de la tarifa del Gas, contrasta con el –teóricamente libre- precio del combustible líquido; donde la intervención del Estado es mucho más resistida por las empresas del sector, que constituyen un oligopolio (no sólo en Argentina, sino en el mundo) Inclusive hay un oligopolio de países productores de petróleo (OPEP) que determina el precio del crudo subiendo o bajando la producción según sus propias conveniencias. Pero a través de la política impositiva, el Estado termina distorsionando y encareciendo terriblemente el precio del combustible líquido. El Gas, sobre todo a partir de su mayor abundancia por el surgimiento de técnicas no convencionales de producción (concretamente el fracking), es en sí mismo más barato, pero además, la Ley que rige sus precios (tarifas) permite un mayor control de las variables que componen su costo. Así por ejemplo, la Ley 24076 que regula el mercado de Gas, dice en su artículo 37: “La tarifa de gas a los consumidores será el resultado de: a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) Tarifa de transporte; c) Tarifa de distribución”.

Es claro que además de las tarifas, están los impuestos (IVA, IIBB, tasas municipales). No existe una norma similar en materia de combustibles líquidos, aunque en los hechos durante los 12 años de kirchnerismo, fue la Secretaría de Comercio Interior la que, desde un escritorio, fijaba los precios de los líquidos, generando así que muchas empresas del sector directamente desaparecieran. Puede sostenerse que al ser el de los líquidos un mercado más “libre”, y “competitivo”, debería por tanto el producto ser más económico de lo que actualmente resulta al público, pero es por la carga fiscal que lo afecta en las distintas etapas del “upstream” , “midstream” y del “downstream”, que no lo son. En el Gas no hay un “barril criollo”. El mercado ha sido mucho menos “manoseado” si se me permite la expresión. Las empresas productoras de Gas no son exclusivamente las mismas que venden combustibles líquidos al público en Argentina (aunque la principal productora de gas es YPF); hay más actores, por lo cual aunque las “tradicionales” están muy presentes, tienen menos control sobre ése mercado y el mercado es más transparente, aunque no sea libre. Y por otra parte, existe como dijimos algo esencial: los impuestos en el Gas son mucho menores y no existe la fenomenal superposición tributaria que registran los líquidos.  

Por ejemplo el Impuesto sobre los Combustibles (ex ITC), no alcanza al gas. Con ello ya la diferencia es enorme. La gente no diferencia entre “precio” y “tarifa”, pues a la hora de cargar sólo importa el bolsillo. En Argentina, la demagogia  hizo que el precio de combustibles líquidos fuera inusitadamente alto pues los impuestos que lo afectan son exorbitantes. Si no fuera por ello, el mercado automotriz del GNC no hubiera siquiera nacido; ya que el costo del equipo adicional que se necesita para adaptar los automóviles, hubiera hecho directamente inviable su proliferación. Fue la mala política gubernamental la que impidió que la Argentina fuera verdaderamente un “país petrolero”. Muchos califican al país como “país con petróleo” que no es lo mismo. Pero no por sus reservas y capacidades, sino por la mediocridad de las políticas energéticas públicas llevadas hasta hace unos años. Así vemos cómo, cuando el Estado quiere, aún con un mercado intervenido públicamente, la Argentina puede ser competitiva en materia de combustibles. Si se comprendiera que, así como se promueve al Gas, se podría promover al combustible líquido, el beneficio para el país sería enorme; y consecuentemente, también la recaudación sería mayor por la mayor utilización de ésos productos. La incidencia del combustible en el precio de todos los productos (por el flete) sería mucho menor, y en consecuencia, menor sería la inflación, y más competitiva la producción argentina. Aunque algunos pretendan minimizar los precios del combustible líquido diciendo que “tenemos una de las naftas más baratas de la región”; medidos  en valor adquisitivo del salario la exorbitancia de los precios de nuestros combustibles no tiene parangón en el mundo. La nueva política estatal en relación al Gas, ha realizado avances históricos. Hemos pasado de adquirir gas a precios carísimos a Bolivia, y de traer “barcos regasificadores”, a volver a exportar gas a Chile y al mundo.  

Es poco comunicada por el Gobierno, pero es evidente el énfasis puesto en la producción de Gas en detrimento de los líquidos, incluso a nivel mundial. Se van viendo en Argentina nuevas formas de transportar el Gas que prometen revolucionar el sector, dejando de lado inclusive las formas tradicionales de transportarlo, con lo cual el gas promete llegar a lugares donde no hay gasoductos. La mejora en los medios de transporte del Gas incidirá también, directamente, en sus costos de producción y por lo tanto, en el precio final. Hay nuevas denominaciones para el Gas además del GNC: GLPA, GNL, GLP, etc. Estas nuevas modalidades van transformando el mercado del combustible en nuestro país. Camiones, transporte colectivo, automóviles de lujo, y otros vehículos van siendo adaptados para funcionar con gas ya desde fábrica. Esperemos que el Estado Argentino no arruine ahora –vía más presión impositiva- ésta incipiente “revolución” del Gas. Por su parte, la política cambiaria no incide sólo en la tarifa de gas, también incide en el precio de los líquidos, por lo cual el remanido castigo que se hace al Estado desde ciertos sectores de “permitirles a las empresas tener tarifas en dólares”, no es más que reconocer la realidad internacional del sector. Los líquidos también están en dólares. 

Hay que impedir a toda costa que el Estado avance con nuevos gravámenes sobre la energía, si queremos que el país progrese. Es palmaria la política preferencial que el Estado lleva con el Gas. Y esperemos que siga, por lo menos, así. Podríamos esperar que disminuyan presión fiscal, pero bastaría con que no la aumenten, ni la Nación ni las Provincias, y mucho menos los Municipios (con el invento de tasas). Porque si lo hicieran, de nada valdrán todos los esfuerzos, ni los milagrosos recursos de los que ha dotado la naturaleza a nuestro país. El consumidor, si las reglas se mantienen, preferirá siempre el combustible más barato. Será hora de replantearnos si estas “nuevas” reglas públicas no están ya cambiando definitivamente el panorama energético del país, y por lo tanto el futuro de las Estaciones de Servicio.