Los resultados de las PASO del 11 de Agosto generaron, contrariamente a lo esperado, una convulsión sin precedentes: un lunes negro que incluyó una fuerte devaluación del peso, la pérdida de valores de los activos argentinos, el desplome de las acciones y el aumento de riesgo país.

El presidente Macri tomó en ese contexto medidas de Emergencia para asegurar la gobernabilidad y amortiguar el impacto inflacionario de la devaluación en los sectores más vulnerables. Una de esas medidas fue el congelamiento del precio de la nafta y el gasoil en el surtidor por el término de 90 días. 

La decisión fue oportuna porque el mercado de los combustibles - un oligopolio muy concentrado y desregulado- hubiera llevado la nafta y el gasoil a un precio cercano a los 65 $/l en menos de lo que canta un gallo. En un mercado deprimido por la recesión la conmoción política y económica que este hecho podría haber provocado, hubiera sido solo comparable a la que ocasionó el recordado incremento de la nafta del ministro Celestino Rodrigo en 1975.

El congelamiento temporal de los precios de la nafta y el gasoil, que incluyó el precio del crudo se implementó por el DNU N° 566/19.

La medida generó un tembladeral en el sector energético como nunca se ha visto en los últimos 50 años. Tres gobernadores de provincias petroleras iniciaron acciones ante la CSJN por la supuesta pérdida de ingresos por regalías (cosa que será muy difícil de calcular). Y las petroleras lideradas por Vista Oil, una empresa menor y sin historia en el país, plantearon la inminente baja de la actividad -incluyendo posibles despidos- en sus yacimientos de Vaca Muerta.

La organización empresaria IDEA liderada por el CEO de una petrolera rechazó en un comunicado el Decreto del Poder Ejecutivo y fundamentó este rechazo en inconstitucionalidad de la medida. Entre los que criticaron la medida implementada por la Secretaría de Energía estaban ex altos funcionarios de esa dependencia del actual gobierno.

En contraposición la empresa YPF mantuvo la calma y un muy responsable silencio. No en vano tiene 97 años de historia.

El yacimiento de Vaca Muerta que produce solo el 16 % del crudo y del 40% del gas natural que se produce en Argentina se autoasignó una centralidad en la controversia con la medida gubernamental que no se corresponde con su verdadera importancia cuantitativa.

Máxime si se tiene en cuenta que la producción de gas natural de este yacimiento cuenta con fuertes subsidios del Estado nacional por la Res 46/17. El planteo empresario de la inviabilidad del yacimiento invocó, sin fundamento, que el precio transitorio fijado por el DNU no retribuía los costos de producción.

En contraposición, los representantes de las cuencas convencionales en las que la producción de petróleo y gas son notoriamente mayores que las del yacimiento de Vaca Muerta, y que están en están en fuerte declinación crónica desde hace más de 20 años, no levantaron la voz ni criticaron la medida.

Las provincias de Mendoza, de Chubut y de Salta no han acudido a la Corte y si lo han hecho Neuquén; La Pampa y Santa Cruz: ¿cuál podría ser la razón de la inexistencia de un argumento común? En síntesis , la decisión del Presidente abrió una grieta dentro del sector petrolero, y otra entre el gobierno nacional, las provincias y las petroleras.

Por otra parte, en la última semana de agosto, el secretario de Energía decidió la postergación de la apertura de ofertas del gasoducto Neuquén- Salliqueló. Una obra que no cuenta con Estudios de Factibilidad aprobados, pero que requiere fuertes garantías estatales y la financiación de ANSeS para materializarse. Se trata de una decisión correcta y concurrente con la decisión presidencial.

En la semana en curso se introdujeron modificaciones en el DNU original; pero en esencia se mantiene el congelamiento transitorio y de emergencia en el surtidor de la nafta y el gasoil dispuesto por el Presidente; y razonablemente libera el canal mayorista y otros productos no congelados originalmente.

De todo lo que se ha hecho y dicho desde la comunidad petrolera en estos días deben quedar en claro dos cosas importantes: a) que la industria petrolera no se ha expresado en forma coherente por canales institucionales reconocidos o habituales; y b) que lamentablemente el proyecto de Vaca Muerta ha mostrado que tiene fuertes debilidades potenciales, que quizás fueron sobreactuadas en la ocasión, pero que ahora no pueden no ser analizadas en detalle.

Sin dejar de tener en cuenta lo mucho que se ha avanzado en Vaca Muerta en incremento de productividad y baja de costos en los últimos años, todo indica que la producción de gas natural de ese yacimiento que tiene un alto subsidio del Tesoro nacional está lejos de ser viable y competitiva a escala mundial por más que se afirme lo contrario. La construcción de la infraestructura de evacuación para transportar el gas al mercado domestico y mucho más aún para la exportación masiva de GNL (planta de licuefacción y puertos) es un desafío enorme no resuelto sin lo cual no se concretará ningún proyecto.

En cuanto al petróleo – que creo lo más promisorio de Vaca Muerta por el momento- debe todavía despejar varias incógnitas. Una de ellas es la de saber si el Proyecto seguiría siendo viable con precios del crudo que están dentro del espectro de precios probables que pueden darse en el mercado mundial en los próximos años. Por ejemplo: ¿Cuál sería la viabilidad de VM con los precios promedio que rigieron en la década del 90, ó, sin ir tan lejos, con los precios que rigieron en el trienio 2014- 2016? La contestación a esta pregunta clave no surge clara con los argumentos esgrimidos por la industria en estas semanas.

Las próximas elecciones definirán quién gobernará la Argentina. Es importante que estas dudas que han aparecido en torno al “yacimiento estrella” que algunos ven como la salvación de la Argentina sean despejadas en forma definitiva. Es una oportunidad; después de todo ¿qué beneficio tendría para Argentina apostarlo todo a un proyecto no viable?