En representación de 40 comunidades ribereñas y más de 500 mil 000 habitantes de Iquitos —la ciudad más grande de la Amazonía peruana— los defensores ambientales en defensa del río Nanay Marcelina Angulo y José Manuyama viajaron a la capital para solicitar a las autoridades del Gobierno una acción coordinada para contrarrestar los efectos devastadores de la minería ilegal en su cuenca fluvial, vital fuente de agua y sustento.

A través del pedido, de acuerdo a Actualidad Ambiental —portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)—, Angulo y Manuyama demandan transparencia y responsabilidad en las acciones emprendidas por el Estado en la lucha contra la minería ilegal para salvaguardar a las comunidades afectadas. (...)