España quiere aprovechar ricos recursos naturales para reducir la contaminación y crear puestos de trabajo, en respuesta a los daños que ha causado el coronavirus en una economía altamente dependiente del turismo y los automóviles. La iniciativa sigue los planes trazados por la Unión Europea (UE) para utilizar las inversiones con baja huella de dióxido de carbono en la lucha contra la recesión. 

España trabaja así para unirse al puñado de países ricos que están incorporando en sus leyes la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Un área que pretende abordar el decreto aprobado el martes es el control de los permisos para volcar energía a la red ante las quejas de los promotores de renovables, que creen que son acaparados por inversores que quieren hacer negocio rápido, lo que no hace sino aumentar el coste de establecer nuevas plantas solares o parques eólicos. 

En respuesta al hecho de que alrededor del 60% de las solicitudes de permisos pendientes parecen responder a este perfil puramente especulativo, el Gobierno dijo que obligará a los titulares a demostrar que realmente están construyendo plantas o arriesgarse a perder la garantía depositada. 

Por otra parte, las subastas de potencia eléctrica se basarán ahora en el precio de la energía, una estructura que permitirá a los promotores planificar mejor las inversiones y los ingresos, reduciendo el precio final de la electricidad para los consumidores. Las medidas fueron presentadas como un decreto urgente, lo que significa que es probable que sean aprobadas sin cambios por el Parlamento en los próximos días.