Lo lógico sería que un gobierno que cuenta con minorías parlamentarias lleve sus proyectos de cambios estructurales al sitio donde deben darse las discusiones: el Congreso Nacional, ya que es imposible avanzar sin consensos. Los decretos y las leyes que quiera promulgar el Ejecutivo jamás deben interferir con las atribuciones de los demás poderes, ni con el legislativo ni con el judicial -que en el caso del DNU ya recibió la primera medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-. 

La industria petrolera, y la de energía en general, es un rubro clave para el desarrollo económico del país y cuenta con un potencial enorme de cara al futuro. En el medio, el mundo brinda algunas oportunidades especiales respecto a la demanda energética y necesita un abastecimiento que el suelo argentino puede darle. Los grandes proyectos de exploración offshore en las costas de la provincia de Buenos Aires, las mejoras en infraestructura como el caso del Gasoducto Néstor Kirchner, las inversiones en las refinerías de Bahía Blanca y Ensenada, y por supuesto el potencial de Vaca Muerta, son sólo una muestra de cómo el país tiene las cualidades para exportar, mejorando la balanza comercial energética y consiguiendo los dólares que el país necesita. 

No sólo eso, éstas latentes oportunidades también son el camino indicado para que la economía crezca en su conjunto, tanto a nivel productivo como en materia de empleo, ya que cuando hablamos de estos proyectos hablamos de decenas de miles de puestos de trabajo que ya se están generando. No se puede romper la dinámica virtuosa dentro del promisorio escenario energético nacional simplemente por los “formas”. 

Por eso, como tal, el sector petrolero debe ser escuchado antes de cualquier medida específica. Por ejemplo, aunque no esté formalmente en los proyectos enviados, los trabajadores del sector no pueden volver a cargar con el tributo del Impuesto a las Ganancias, como algunas voces del gobierno nacional deslizaron. Por lo menos debería ser a través del diálogo y el consenso que se llegue a estas cuestiones. 

En lo que respecta al contenido de los proyectos, lo más importante a mencionar es que los mismos establecen, a grandes rasgos, la liberación de los precios y de las exportaciones de hidrocarburos, lo que implica la desaparición del “barril criollo”, el precio diferencial que permitía desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales. Las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación. El impacto tiene ganadores y perdedores, como cualquier medida económica que impacta a gran escala. 

Los trabajadores de cualquier sector, a través de sus representaciones sindicales, deben permanecer alerta frente a los grandes cambios, sean o no los adecuados para el contexto. En ese sentido, se debe remarcar que quienes más cargan el peso de Ganancias son los petroleros, que vieron perjudicados durante mucho tiempo el poder adquisitivo de sus ingresos salariales. No se puede volver atrás con una medida que beneficia a los trabajadores. 

En ese sentido, desde las distintas organizaciones sindicales y los correspondientes mecanismos de representación, se harán llegar a los ámbitos legislativos todas las posturas frente al futuro laboral. Sin embargo, antes de discutir contenidos deben respetarse las instituciones y cuidar el diálogo, ya que es el único camino posible para sacar el país adelante.