Hasta el 10 de agosto, el sector energético argentino estaba en franca recuperación luego del colapso provocado por la gestión kirchnerista.

Pero, después del “11A” con el contundente resultado de las PASO, se produjo la tormenta perfecta que hizo retroceder varios casilleros a la actividad en ese sector.

Por un lado, el Gobierno, contra su voluntad, debió recurrir a medidas de populismo energético que, con esfuerzo y elevado costo político, había erradicado revirtiendo en gran medida la delicada situación heredada en 2015. Tuvo que meter mano en los precios del petróleo y los combustibles incumpliendo una parte sustancial de compromisos asumidos desde 2016, basados en la observancia de las normas vigentes para el sector y que, arbitrariamente, el kirchnerismo había ignorado desde inicios de su gestión.

Por otro lado el triunfo del frente poliperonista de Todos, alentó prematuramente a varios auto-denominados “referentes energéticos” de esa agrupación, la mayoría de ellos mentores de la política energética K, a salir con documentos y propuestas incendiarias nunca desmentidas por Alberto Fernández.

Por ejemplo, alguna de esas propuestas consistían en negar los beneficios de una balanza comercial energética superavitaria y de la capacidad exportadora del sector, querer volver a la tecnología nuclear obsoleta de uranio natural, recurrir nuevamente al ilícito de intervenir los entes reguladores de electricidad y gas, congelar las tarifas, meterse en los costos de las empresas del sector, fijar precios “nacionalmente”, desarrollar generación hidroeléctrica y nuclear, no obstante su elevado costo y la gran disponibilidad de gas natural y recursos eólico y solar de calidad, y otras definiciones por el estilo.

Estas visiones lamentablemente tuvieron mayor trascendencia que otras pocas del mismo espacio aunque mucho más razonables, con propuestas de políticas de estado, consensos para la previsibilidad a largo lazo y un blindaje para Vaca Muerta para lograr su competitividad en el mercado internacional del gas.

El “efecto tenaza” provocado entre el Gobierno, obligado por la necesidad de paliar la crisis económico-social que produjo en los mercados y en la población la alta probabilidad de un retorno del populismo, y el candidato más votado con su silencio ante las propuestas de los diversos grupos de su entorno que se disputan el manejo del sector, produjo una parálisis en la actividad.

Pero, lo que es mucho mas grave, afectó buena parte de la confianza que la actual administración había recuperado del mundo y que hiciera retornar inversiones. Recordemos que sin inversión privada es imposible la puesta en valor de nuestros inmensos recursos energéticos. Entonces, ambas partes, luego del resultado electoral, Gobierno y Alberto Fernández, deberían urgentemente enmendar esta gravosa situación que afecta al sector energético, área de la economía esencial para generar las divisas que nuestro país va a necesitar mientras resuelve el histórico déficit fiscal, principal responsable de nuestra decadencia.

En ese sentido, el Gobierno, debería cumplir su promesa de terminar con la intervención en los precios el día 90, es decir el 13 de noviembre comunicando, sin tapujos, que fue una medida no deseada. A su vez, Alberto Fernández debería terminar con los ambages y desautorizar las propuestas retrogradas de un sector de su entorno y apoyar las sensatas elaboradas por alguno de sus asesores que rescatan lo bueno y proponen mejoras a la política energética del gobierno de Macri.

La irrupción de Vaca Muerta en el panorama energético argentino, al ser una fuente de potencial recurso económico que trasciende al sector e incide en la economía y la políticos de nuestro país no puede estar ajena en la actual coyuntura política por los efectos colaterales no deseados en nuestra dirigencia, en particular en la “corporación” política que ve en Vaca Muerta una posibilidad de continuar la fiesta del gasto público dilapidando la renta que le corresponde al Estado fruto de la actividad de ese magnífico yacimiento de petróleo y gas no convencional.

Lo mismo que Venezuela, Nigeria, Libia, Angola, etc. que gastan la renta petrolera para fines políticos, en vez de invertirla como sí lo hacen Noruega, Australia, el Reino Unido, Canadá y otros países exitosos. Primero hay que generar la renta, de acuerdo, pero sería bueno ir pensando en como utilizarla para evitar su uso indebido.

El gas al igual que el resto de los combustibles fósiles, dejará de usarse en 40 o 50 años, reduciendo su renta prácticamente a cero, por lo tanto resulta necesario invertir en fuentes que la sustituyan.

Por supuesto que no podemos darnos el lujo como Noruega que atesora el capital de la renta en fondos intocables para el futuro. Argentina adolece de infraestructura y conocimiento, factores ambos imprescindibles para colocar nuestras riquezas en los mercados mundiales para ser competitivos y salir de la mediocridad de una economía cerrada que beneficia a las corporaciones en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es por eso que las principales fuerzas políticas debieran ponerse de acuerdo en lograr el pleno desarrollo de Vaca Muerta y asignar adecuadamente los recursos económicos que brindará, estableciendo por ley que una buena parte de la renta petrolera que le corresponde al Estado, provincial y nacional, podrá afectarse solo a proyectos específicos de infraestructura, educación y conocimiento, evitando así la tentación política de gastarlo, como hasta ahora, para sostener ficciones populistas que condicionan nuestro futuro.