El Economista dialogó con Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, para conocer su opinión con respecto a los cambios introducidos por el Gobierno en el gas, sobre todo el recorte de subsidios para las petroleras que operan en Vaca Muerta y las nuevas subastas, y cómo pueden impactar en 2019.

Lapeña fue secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín y desde el IAE se ha mostrado crítico de las fuertes caídas en la producción de hidrocarburos en los últimos casi 20 años que comenzaron a recuperarse el año pasado gracias al no convencional de Vaca Muerta.

Lapeña defiende la decisión del Gobierno de recortar los subsidios a pesar de las criticas de las petroleras, sobre todo de Tecpetrol, pero dice que la resolución 46 ideada por Juan José Aranguren, si bien estaba bien en que fuera acotada en el tiempo, tuvo un error importante en su concepción porque no auditaba los costos reales de extracción de las petroleras sobre el que se pagaban luego los subsidios.

Argentina está en medio de un fuerte desbalance macroeconómico que se produjo por la devaluación, que llevó el dólar desde $20 hasta $40 en muy poco tiempo. Eso, además, generó un proceso inflacionario inédito y el propio Gobierno admitió que había sido muy optimista en sus enfoques de control de la inflación con los cuales inicio su gestión a fines de 2015. Esta situación obligó a un hecho no previsto que fue acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar un default. El FMI ha sido generoso con los montos comprometidos en el préstamo, pero exigente con las pautas de ajuste presupuestario que el Gobierno firmó. En este contexto de haber firmado metas de déficit fiscal muy estrictas, veo razonable que el Gobierno haya modificado las previsiones previas de subsidios y, en ese caso, los de la resolución 46. Hay muchas formas de explicarlo pero el Gobierno tuvo que tomar una decisión que seguramente no quiso tomar, pero estuvo obligado a tomar so pena de no cumplir con los compromisos, o descargar ese esfuerzo en sectores desposeídos. Entonces me parece que el Gobierno, haciendo esa reinterpretación de la resolución 46, ha procedido con razonabilidad y lo apoyo. Hay que recordar que la resolución incentiva la producción de gas de Vaca Muerta con un sendero decreciente de incentivos que vence en 2021. Es decir, nunca el Gobierno del presidente (Mauricio) Macri prometió ni implementó subsidios ad eternum. Por eso la resolución tiene una virtud y es que se estableció a las empresas un subsidio por cuatro años para que aprendan a producir en Vaca Muerta, es decir, para que hagan el aprendizaje y la reducción de costos para lograr la competitividad necesaria para ingresar al mercado mundial. Siempre el Gobierno tuvo esa idea.

Por eso siempre estuvo la idea de que era acotado en el tiempo y que era decreciente y con el objetivo de que las empresas lograran competitividad en Vaca Muerta que supuestamente es una reserva de valor universal. Las petroleras que se pueden sentir dolidas o molestas por la decisión del Gobierno deben tener en cuenta en qué contexto se tuvo que tomar. Además, me gustaría agregar que la resolución tiene un defecto en su concepción original que quiero puntualizar y es que da un subsidio que no se determina en base a los costos reales de producción de gas en Vaca Muerta.

Toma el valor original de US$ 7,50 por millón de BTU como el precio de origen y subsidia la diferencia entre ese valor y el costo al que las empresas comercializaban el gas en el mercado interno. Nadie puede saber si esa diferencia entre US$ 7,50 y US$ 3,50, el valor al que se comercializaba, que representaban los US$ 4 de subsidios, eran mucho o poco respecto al costo real de extracción del gas allí. El Gobierno, en la concepción de la resolución, o en su letra chica a mi criterio actuó de forma equivocada. Los subsidios son dinero público que se transfiere a las empresas con un determinado objetivo y si son dineros públicos no pueden ser determinados de forma aproximada ni capciosa. Los subsidios tendrían que tener la magnitud exacta para compensar esa diferencia de costo y precio. Y en este caso, como no se hizo relación al costo y se hizo una estimación, se cometió un error, para mi importante e ideológico, en la confección de la resolución 46. Yo no la hubiera hecho así. Hubiera subsidiado por un tiempo, pero hubiera subsidiado la diferencia entre el precio recibido por la empresa y el costo real de producción auditado de la misma.

En eso, el Gobierno estuvo bien porque el Plan Gas era un despropósito y con la resolución 46 encontró una forma racional de corregirla.

Es cierto que existe una mayor oferta de gas, que creció 5% por primera vez desde hace 15 años. Es una noticia importante y se produce en el contexto de una disminución productiva crónica de las cuencas convencionales compensado por un incremento muy importante de la producción de gas no convencional.

Es importante entender que ello fue por los subsidios fiscales que el Gobierno dio a las petroleras.

Es lógico que este incremento de oferta provoque una baja en los precios para los consumidores. Sin embargo, esa baja en los precios no llegó al usuario porque se tomaron decisiones sospechosas al restringirse la oferta de gas producto de la suspensión de las compras a Bolivia. (NdR: el contrato fue renegociado) y abrirse rápidamente la exportación de excedentes.

Durante la gestión de Javier Iguacel, éste apostaba a hacer bajar el precio del gas para que también le cueste menos al Gobierno el precio que pagan las distribuidoras y que impacta sobre los usuarios de gas y electricidad, ya que también es usado para la generación eléctrica.

Sobre este tema, el IAE, que presido, emitió la semana pasada un comunicado que destaca que “la determinación del precio del gas domestico mediante subasta pública es sin duda un mecanismo superador de mecanismos anteriores, pero es necesario puntualizar que es muy escasa la experiencia a nivel local. Es necesario recordar que la producción de gas natural presenta en Argentina características oligopólicas, es decir que se conforma por un pequeño grupo de empresas con un alto grado de concentración.

Ante estas imperfecciones debe haber mucho control (ex ante y ex post) del Enargas y de Defensa de la Competencia”. Hay que tener en cuenta que no existe el mercado del gas como, en cambio, existe el mercado de granos o hacienda, por ejemplo. Entonces como no existe ese mercado, el Estado debe estar muy atento y realizar muchos controles, para que los usuarios no terminen pagando los platos rotos de estas imperfecciones del mercado.

Yo creo que con estas subastas ya se sabe que va a sobrar gas en verano y faltará gas en invierno. Entonces las empresas que exportaron desde fines de 2018 van a hacer la cuenta para 2019 sobre si les conviene volver a exportar o volcar ese gas al mercado interno. Si deciden volcarlo al mercado interno, es probable que bajen los precios. Pero eso se verá la semana que viene cuando se analicen en profundidad los resultados de la subasta. En el caso de Tecpetrol, tras el recorte de subsidios, hay que ver que decide. Tiene dos opciones: si la baja su producción a ocho millones de metros cúbicos – que fue el plan original sobre el que ahora le reconocen el subsidio– o mantiene la producción en 17 millones de metros cúbicos actual. En ese caso, Tecpetrol, si optara por la segunda opción, tendría la posibilidad de remplazar gas importado (GNL) en invierno, que es caro y hacer un buen negocio y luego exportar el excedente en otros meses a otros mercados.