Los tiempos se aceleran y la petrolera de mayor铆a estatal tendr谩 un lunes de definiciones.

Es que, por un lado, vence el plazo original de 14 d铆as dictado por la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, para que el Estado argentino entregue sus acciones de YPF, el 51% del total.

Este mismo lunes, la jueza deber谩 adem谩s definir si acepta el pedido de Argentina de suspender su decisi贸n, es decir, la entrega de las acciones, mientras que el pa铆s apela la orden de ceder las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park.

Si la suspende, los fondos no podr谩n avanzar sobre los activos que reclama en la medida que se mantenga la apelaci贸n.

Mientras tanto, el martes, una vez vencido el plazo original para la ejecuci贸n de la sentencia, las partes se encontrar谩n, convocadas por la magistrada.

El objetivo es que Argentina exponga su postura mientras que los beneficiarios del fallo analizan avanzar sobre activos de otras compa帽铆as con participaci贸n estatal, como ARSAT, Enarsa e incluso el Banco Central.

Preska solicit贸 que se desarrolle un procedimiento dediscovery. El objetivo es poder detectar cuales son los activos disponibles.

Conocedores del caso sostienen que Argentina no tiene una cantidad de activos que alcancen a equiparar lo solicitado por los beneficiarios.

Maril analiz贸 que, de concederse la suspensi贸n del fallo mientras se apela, se pida que Argentina ponga una garant铆a, pero que el pa铆s no ofrecer铆a ning煤n activo.

Un escenario similar se dio el a帽o pasado, cuando el pa铆s ten铆a tiempo hasta enero de 2024 para depositar una garant铆a yevitar que se avance sobre la compa帽铆a, cosa que no ocurri贸.

Argentina adem谩s ya advirti贸 que analiza ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, haciendo valer su buen v铆nculo con ese pa铆s, para evitar un fallo que considera un "da帽o irreparable".

El Gobierno de ese pa铆s ya se manifest贸 en favor de evitar embargos a la empresa.

La apelaci贸n que concret贸 Argentina el jueves pasado amplia a cuatro las apelaciones que el pa铆s mantiene en el marco de la misma causa, advirti贸 el CEO de Latam Advisors, Sebasti谩n Maril. 

Una es por la sentencia que estableci贸 que Argentina deber谩 pagar u$s 16.000 millones por la estatizaci贸n a los fondos que compraron el derecho a litigar. Otra es por un pedido de desestimar el caso, y las dos nuevas son por la decisi贸n de Preska de ceder las acciones a Burford y Eton, as铆 como a Bainbridge, un fondo que entr贸 a la demanda por la ventana y pidi贸 que se le aplique el mismo beneficio que a los otros dos demandantes.