El pertinaz cortoplacismo imperante tornó imprevisible a nuestro país. La teoría de vivir con lo nuestro nos condujo a ser una de las economías más cerradas del planeta en beneficio de las corporaciones - políticas, sindicales y empresarias - y en detrimento del nivel de vida de la ciudadanía.

Por otro lado, el deterioro institucional y aislamiento del contexto internacional provocados por el kirchnerismo, aumentaron el riesgo inversor.

Esas son algunas de las perseverantes conductas anacrónicas, que nos desconectan de la realidad que hoy vive el mundo y se han hecho carne en nuestra dirigencia y gran parte de los ciudadanos después de décadas de populismo. Urge removerlas para que nuestra sociedad alcance los elevados estándares de vida que le corresponde si logra poner en valor sus inmensos recursos.

Hoy está de moda el consenso, retórica que encierra una contradicción conceptual ya que la moda es fugaz y el consenso debe ser perdurable. Pero mas allá de esa gaffe semántica, lo positivo es que parecería que empezamos a darnos cuenta que debemos pensar un poco mas allá de la coyuntura.

Y esto hay que entenderlo como una necesidad, que se torna imperiosa en sectores como la educación, el conocimiento, la puesta en valor de nuestros recursos naturales en forma sustentable, y muchas otras áreas que configuran una sociedad siglo XXI.

Por eso es positivo que se esté hablando de consensos. Son necesarios para formular políticas de estado que amplíen el horizonte de futuros sin el cual seguiríamos postergando oportunidades de desarrollo y en consecuencia de bienestar de generaciones de argentinos.

Nuestro pasado fue un ejemplo de ausencia de políticas de estado. Cada gobierno “inaugura” un nuevo país con medidas distintas, sino opuestas, a las de sus antecesores, incluso entre administraciones de un mismo partido, recordemos las presidencias peronistas de Menem y de Kirchner. Mientras que países como Chile y Perú, por ejemplo, mantuvieron por décadas políticas respetadas por gobiernos de diversa ideología y filiación política, alcanzando desarrollos socioeconómicos extraordinarios.

En Argentina, un sector que debería contar con una política de estado en forma urgente es el energético ya que por la cantidad y calidad de sus recursos puede dar origen al anhelado modelo productivo de valor agregado exportable, siempre, claro, se afiance un contexto macroeconómico estable.

El grupo de los Ex Secretarios de Energía, integrado hace 10 años por 8 especialistas del sector provenientes del radicalismo, peronismo y del Pro, acaba de presentar un nuevo documento “Consensos Energéticos”, con la esperanza de que constituya la base para la formulación de una Política de Estado en el próximo gobierno. 

Es el segundo intento de este grupo ya que en 2014 había presentado otro documento del estilo que avalaron con su firma casi todos los entonces candidatos presidenciales a las elecciones de 2015. Pero que, salvo el actual gobierno, la mayoría de aquellos firmantes no lo respetaron cabalmente.

Argentina, por sus recursos energéticos de envergadura mundial, debe elaborar una estrategia energética atendiendo a los cambios de paradigma que están ocurriendo en la energía global con una inusual dinámica. Un objetivo de esta naturaleza requiere de horizonte de largo plazo para lo cual es insoslayable contar con Políticas de Estado.

Es por eso que el grupo de los Ex insiste en presentar a la sociedad los lineamientos de una política energética de largo plazo que dote al sector de la previsibilidad y garantías de continuidad por décadas, independientemente del gobierno de turno, condiciones necesarias para concitar el interés por las cuantiosas inversiones que requiere el sector.

En ese documento se destaca la necesidad de un plan estratégico a ser elaborado en el próximo gobierno que incluya criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo sustentable. Ese plan apunta a lograr una ecuación energética competitiva que ponga en valor los recursos energéticos, apuntando a los mercados local, regional e internacional. En cuanto a los hidrocarburos, la propuesta es alcanzar un desarrollo pleno del gas y petróleo no convencionales con destino a la exportación, asumiendo un régimen impositivo que permita competitividad internacional. También indica que la actividad petrolera no tiene que contar con nuevos subsidios estatales y los existentes a la fecha no deberán ser renovados por haber alcanzado ya el objetivo que les diera origen: el desarrollo a escala productiva de Vaca Muerta.

Además, introduce el concepto poco frecuente en nuestro país de “Eficiencia Energética”, para reducir la alta tasa de intensidad energética de la Argentina a la tasa promedio mundial, recomendando a la próxima gestión de gobierno, promover criterios de eficiencia energética.

En cuanto al conflictivo tema de las tarifas de luz y gas, el documento dice sin tapujos que, una vez concluido el proceso de actualización tarifaria y normalización institucional para esos dos mercados, la política energética deberá orientarse al restablecimiento de la operatoria transparente y competitiva de los mercados de gas natural y electricidad y que los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos.

Respecto de los subsidios presupuestarios a la energía agrega que se eliminarán, aquellos no justificados socialmente.

Todo esto en un marco de observación de las normas de preservación ambiental aceptadas internacionalmente y que permiten un desarrollo sustentable de la energía.

Esta propuesta, mas allá del necesario apoyo de una mayoría del espectro político, deberá contar con un marco macroeconómico normalizado y de relaciones internacionales consolidadas, aspectos ambos que deberían ser el leitmotiv del próximo gobierno.