
La provincia de Neuquén está avanzando en la normativa para poder llevar adelante una política que incluye la toma de jurisdicción sobre los yacimientos actualmente concesionados por la Nación y la extensión anticipada de esos permisos, sin violar la Constitución provincial. Ello es lo que aseguró el secretario de Energía neuquino, Eduardo Carbajo.
El funcionario revela en esta entrevista los detalles de esa acción, cuya principal novedad es que la firma pública neuquina Hidenesa se transformará en la empresa petrolera de la provincia para recibir las áreas de petróleo y gas, y cumplir con la disposición constitucional de que los yacimientos deben estar en manos del estado.
Carbajo aclaró que “la prórroga anticipada se dará en la medida de que haya cumplido con el contrato vigente, que no deban un impuesto a la Nación ni a la provincia, que paguen las regalías, que hayan cuidado el medio ambiente, que hayan hecho un uso racional del yacimiento”.
-¿Puede tener Neuquén una política energética independiente de la de la Nación?
-De hecho, desde Neuquén se ha avanzado en una política energética no sólo con anterioridad a una nacional sino a la de este gobierno nacional. En el 2000 comenzamos un plan licitatorio de áreas único en Argentina, el primero que encaró una provincia argentina por sus propios medios, antes que cualquier otra productora. Los tiempos en una política de hidrocarburos hay que tomárselos debido que recién a los 4 ó 5 años se empiezan a ver los primeros resultados. Esta política independiente del gobierno nacional cada día se profundiza más porque por ser la principal productora de no puede esperar la decisión de un gobierno centralista que en realidad tiene otras prioridades y no defiende los intereses de las provincias productoras. No nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo el tiempo y es por eso que avanzamos en distintas iniciativas y tratamos de asegurar la seguridad jurídica y de darle credibilidad a las inversiones. Ahora, con el dictado de los decretos, alguno se ha encargado de decir que se cambian las reglas de juego y es todo lo contrario: se le pone fin a un cambio en las reglas de juego que hizo el gobierno nacional. Ya transitamos todos los caminos administrativos, judiciales provinciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación… Todos los reclamos están planteados en defensa del derecho de propiedad de la provincia sobre sus recursos naturales. Como hay que esperar los tiempos de la Justicia, que a veces no son lo suficientemente ágiles, decidimos a partir del primero de marzo ponerle fin a esta situación. Para adelante, vamos a cobrar por nuestros recursos lo que ellos valen.
-Evidentemente la política nacional y la de Neuquén colisionan. ¿No crea esta situación por lo menos una sensación de inseguridad jurídica en el mercado?
- Creo que la sensación de inseguridad está instalada en Argentina desde que decidió romper todos los contratos. A partir de enero del 2002 Argentina movió el tablero y a partir de ahí se fue profundizando la situación de manera que ahora nadie se preocupa porque las cosas vuelvan a un carril normal. Las reglas de juego y el saber a qué atenerse dependen del humor con el que se levante el presidente de los argentinos. Y esto está muy a las claras cuando recordamos el boicot al que llamó contra la empresa Shell o con estas nuevas medidas para la exportación de carne. Muchas empresas ya han tomado la decisión de irse de la Argentina, han vendido sus activos, y otras lo están pensando. Hace muy poco nos enteramos que Pioneer, que tiene una fuerte presencia en la provincia, ha vendido sus activos a la empresa Apache.
- Aunque para ustedes esté demasiado claro, la cuestión legal no lo es tanto en Argentina. ¿Creen que puede llegar el momento en que Neuquén maneje sus recursos naturales de manera totalmente independiente del estado nacional?
- Ese es un momento al que indefectiblemente se va a llegar y para el cual las provincias deben estar preparadas. Neuquén viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, así que con este gobierno, con el que lo suceda, es algo que debe cumplirse porque así lo decidieron los convencionales constituyentes de 1994.
-¿Y cómo se imagina ese momento?, ¿Neuquén podría llegar a fijar, por ejemplo, los precios del gas que se produce en la provincia?
-Hay cosas que son facultades delegadas a la Nación y en eso la provincia no se puede inmiscuir porque ya lo hizo. No pretendemos que la provincia tome esas facultades, por eso con el tema de los precios no nos estamos metiendo; decimos que se cumpla lo que el Congreso de la Nación estipuló. Tener el dominio y la jurisdicción de los recursos naturales no tiene que ver con fijar las tarifas, para eso existen los marcos regulatorios y las leyes. Sí pretendemos manejar toda la política en cuanto a hidrocarburos porque somos los dueños de esos recursos naturales. Y para eso hemos dictado leyes, decretos y resoluciones; para cada día que pasa ir teniendo más el manejo para algo que nos pertenece. ¿Qué pasa hoy en Argentina? Los combustibles tienen un precio absolutamente subsidiado, el gas tiene un precio subsidiado y el que toma la decisión no es el dueño de esos recursos; subsidia con plata ajena. Es lo que estamos tratando de impedir. Con el aumento del precio del gas de Bolivia pasa otra cosa: se desalientan las inversiones cuando la Argentina admite esos precios, compra ese gas, que nos hace cada vez más dependientes de Bolivia porque al adecuarse esos precios al mercado interno, las inversiones se van hacia allá. Tenemos la suerte, entre comillas, de que la inestabilidad política en Bolivia sigue existiendo, por otras razones: no hay reglas de juego claras, hay una nueva ley de hidrocarburos, las empresas no están sabiendo a qué atenerse… Nosotros que competimos fuertemente con inversiones con Bolivia, tenemos que ser muy serios en las decisiones que tomamos.
- Cuando se prorrogó la concesión de Loma de la Lata el gobierno de Neuquén argumentó que era para evitar que las inversiones se vayan a Bolivia, pero efectivamente se fueron.
- Se prorrogó y las inversiones se hicieron en Neuquén. En el primer quinquenio al 2005, en el que YPF se comprometió a invertir 3.500 millones de dólares, se invirtieron 4.200 millones de dólares y hubo 15.000 nuevos puestos de trabajo totalmente certificables, con un movimiento de la economía que hizo que Neuquén pasara de una desocupación del 22% a una del 6%. Esa decisión es la vamos a propiciar a partir de ahora con el resto de las empresas porque entendemos que si extendemos el horizonte de negocios 10 años, las inversiones que hay que hacer ahora se van a poder desarrollar porque van a saber que habrá mayor plazo. Si no lo hacemos, las inversiones empiezan a declinar cada vez más y junto con las inversiones, se cae la producción, las reservas.
- Cuando se prorrogó Loma de la Lata no hubo discusiones: la otorgó el gobierno nacional. Las cosas no cambiaron ahora porque las concesiones son las mismas. ¿Van a usar ese esquema esta vez?
- Es materia de estudio con nuestros cuerpos técnicos porque desde aquel entonces hasta ahora algunas cosas han cambiado. No obstante, si hubiera que transitar el mismo camino –nosotros creemos que no– estamos con la total esperanza de que sea factible porque si fuimos capaces de lograrlo una vez por qué no con el resto de las empresas.
-Entonces ustedes creen que no es preciso acudir a Nación para lograr las prórrogas de las concesiones.
-Esto va a ser una discusión, seguramente, legal… Para nosotros siempre son difíciles los caminos que emprendemos porque al tomar una iniciativa tenemos que hacer camino al andar, porque no hay ninguna provincia productora que se anime a encarar cambios fuertes. En Neuquén siempre estuvimos a la vanguardia, de hecho muchas provincias nos pidieron nuestra legislación. Seguramente encontraremos palos en la rueda que iremos poco a poco corriendo, siempre con todo el peso de la Constitución y de las leyes. Si tenemos que tomar el camino judicial, hemos dado muestras de que somos capaces de hacerlo. El gobernador Sobisch es el único que les ha hecho juicios a todas las empresas.
-Repsol pagó a Nación 300 millones de dólares por la prórroga de Loma de la Lata. ¿A quién deberían pagar este canon si se extienden los contratos?
-Si la propiedad del recurso pertenece a las provincias productoras, es obvio que este canon se lo tengan que pagar a las provincias. Esos 300 millones de dólares, con la población que tiene Neuquén, impactan muy fuerte para llevar adelante las obras que hacen al futuro de una provincia que tiene un recurso no renovable y que se tiene que ir reconvirtiendo. En cambio, la Nación tardó 48 horas en gastar los 300 millones de dólares. Esa injusticia hay que tratar de evitarla.
–¿Cómo se imagina que será el papel de Hidenesa en esta nueva etapa?
–Es como Enarsa, pero 18 años más antigua. Es decir que tiene lo que no tiene Enarsa: antecedentes. Pretendemos que Hidenesa se transforme en una petrolera estatal con fuerte presencia en Neuquén y por qué no en algún otro lugar del país.
–¿Hidenesa podría, por caso, operar sin socios un yacimiento en Neuquén?
–Ninguna empresa, ni siquiera Enarsa, podría hacerlo. Es más: ni las petroleras (privadas) operan solas los yacimientos, todas necesitan contratar servicios. Me imagino a Hidenesa operando en el mercado como una fuerte empresa estatal, manejándose igual que una compañía privada. Cuando necesite una empresa de servicios, la contratará; cuando necesite un operador, lo contratará. No hay nada que inventar: todo lo que está establecido en las leyes que existen en Argentina para cualquier empresa estatal o privada. Esta empresa se rige por la ley de Sociedades Comerciales. La imagino como una empresa que tendrá que posicionarse en el mercado, así que será todo un desafío para el nuevo presidente de Hidenesa.
–¿Tendrá entonces la responsabilidad de adaptar Hidenesa a esta nueva función?
–Exactamente. Hidenesa no es una empresa que se convierta ahora en petrolera. Su rol principal se fue desdibujando con los años para ir ocupándose del papel actual de distribuir gas por redes donde las concesionarias no llegar. Este rol va a continuar, pero ahora, como petrolera estatal, retomará el rol asignado en su creación.
–La Constitución de Neuquén no permite la concesión de yacimientos a privados.
–Es que la provincia de Neuquén no tiene ningún yacimiento en su órbita: están todos, como dice la Constitución, en una empresa estatal.
–¿Con eso creen que se resuelve el aspecto legal?
– Hidenesa es una empresa 100% estatal. Que se contrate la operación, que se asocie, que forme una UTE no quiere decir que esté transfiriendo parte del patrimonio provincial a un privado.
–¿Y hay posibilidades de que esta sociedad anónima estatal se asocie con privados en la concesión de un área?
–En uso de sus facultades y de la transferencia de las áreas, Hidenesa puede hacer todo lo que establecen las leyes; en esto no nos ponemos límites porque no hay que espantar las inversiones.
Fuente: Diario Río Negro
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