En las tradicionales jornadas de análisis y prospectiva energética que organiza el IAE Mosconi, los especialistas que debatieron la actualidad y el rumbo del sector fueron enfáticos en las buenas noticias que la industria del petróleo y gas iba a seguir dando a partir del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

Pero también se encargaron de subrayar los serios problemas que atraviesa la industria eléctrica, con urgencias y pronósticos de fallas si el verano es caliente, y con la mochila de plomo de reconstruir un mercado después del estropicio que llevó adelante el populismo energético.

Hay que proceder a la reorganización industrial del mercado eléctrico con el cronograma y la secuencia necesaria para que los cortes de luz y la calidad del servicio dejen de ser noticia.

Las condiciones de largada para reconstruir el mercado ya no son las de los años 90, y hay que recordar la metáfora de Heráclito: "Nadie se baña dos veces en el mismo río".

Metáfora sobre el devenir de la realidad y sobre las particularidades de cada cambio que lo vuelven único e irrepetible. Antes del cambio de los 90 el sector eléctrico argentino estaba integrado verticalmente, y tenía una presencia excluyente de empresas del estado que canalizaban inversiones públicas con tarifas que no recuperaban costos. Los déficits de las empresas impactaban en las cuentas públicas.

La privatización de las empresas fue concomitante con la desregulación del mercado.

Con la ley 24065 se procedió a la desintegración vertical de la industria (unbundling) y a la conformación de un mercado mayorista donde interactuaban generadores con grandes usuarios y distribuidores, vinculados por un sistema de transporte troncal y regional (SADI).

El despacho físico y económico tomaba como referencia un precio mayorista eléctrico que reflejaba los costos marginales de generar electrones. A las tarifas finales se trasladaban precios estacionales para amortiguar la variabilidad.

Las tarifas reguladas de transporte recuperaban costos operativos, y las ampliaciones del sistema dependían de la inversión privada y del financiamiento con fondos provenientes de cargos de congestión. Las distribuidoras recibían una tarifa que remuneraba su base de inversión y los costos operativos, y eran responsables de las inversiones para ampliar el sistema y mantener una calidad del servicio, o responder con multas por la energía no suministrada.

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