Hacer caer todos los derechos mineros como lo dispuso en 2023 y disponer que sólo los podrá entregar o reconocer la sapiencia del gobernador es propio de un gobierno autoritario, que no se distrae mucho con la legalidad de los procedimientos y que cree que esa sabiduría debe ser aplaudida con las medidas que acaba de adoptar como es tomar un préstamo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para hacer prospección junto a la Universidad de La Rioja.

Si lo del gobernador es llamativo, lo del CFI es mucho más, aunque es sabido que esa fuente de financiamiento responde más a intereses políticos provinciales y del kirchnerismo en particular, que a cualquier análisis serio de apoyo de cualquier programa que salga de su seno.

Es por eso que en el mundo minero mundial los riojanos se ganaron una mueca que mezclaba ironía, desazón o frustración, cuando se informó que tomarían un préstamo por 98 millones de pesos para hacer actividades de prospección.

Entre las tareas planificadas se encuentran el reconocimiento geológico de campo; la documentación detallada de las características geológicas del área; la toma sistemática de muestras de suelo, rocas y sedimentos para análisis de laboratorio; y los análisis geoquímicos para determinar la concentración mineralógica. (...)