Cobre, manganeso, cobalto, grafito, níquel y las llamadas tierras raras son elementos de la tabla periódica que antes eran parte de cadenas de valor secundarias, pero que hoy han desembocado en conflictos geopolíticos que siguen escalando. Todos estos minerales están en la Argentina y son tan estratégicos que influyen incluso en las decisiones de líderes como Donald Trump, ya sea al negociar con China, condicionar acuerdos armamentísticos con Volodimir Zelensky o involucrarse en las discusiones sobre la nueva línea de swap a la Argentina. Pero, ¿por qué se han vuelto tan relevantes?

Hace tan solo seis años, esto se explicaba porque eran el principal insumo destinado a desarrollar la nueva ola energética, que busca la transición de los combustibles fósiles a la hegemonía de lo eléctrico. Sin embargo, esta concepción parece haber mutado, según varias fuentes consultadas, después de dos sucesos: la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Para Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política en Providence College y codirectora del Climate and Community Institute en Estados Unidos, estos momentos se compaginaron con el desarrollo industrial de China y, en consecuencia, con un cambio en la política global occidental en términos de la transición energética. "Fueron momentos en los que los países desarrollados empezaron a tener miedo de no acceder a bienes claves que antes tenían precios baratos, pero que poco a poco perdieron su control, lo que provocó una tensión. Una que se incrementó en la pandemia por los problemas de suministro que provocó, y por la guerra de Rusia y Ucrania [que golpeó con mayor énfasis a Europa]", detalló Riofrancos. "Esto puso a los países del norte occidental a pensar en una forma de independizarse de China", añadió.

Lo que hace unos años eran insumos para un cambio global camino a la descarbonización hoy sirve para el desarrollo de países, o de bloques, que se disputan el control de recursos minerales. Para una transición –energética y digital–, pero también para la seguridad energética, para el desarrollo de la industria bélica y para la supervivencia comercial.

Los minerales, antes conocidos como "para la transición" en un contexto global de cooperación, pasaron a denominarse "críticos" según la definición de las distintas potencias económicas. Su clasificación varía según los intereses de cada una. En 2025, el Servicio Geológico de Estados Unidos incluyó 50 en su catálogo; la Unión Europea reconoce 34, y China, al menos hasta 2023, contabilizaba 18. A diferencia de estos países, en la Argentina se consideran estratégicos seis minerales que, según el propio Consejo Federal de Minería (Cofemin), son claves para la generación de divisas a partir de la exportación de materia prima. En el país hay 11 minerales, de los cuales siete son considerados estratégicos por las tres potencias: litio, cobre, manganeso, cobalto, grafito, níquel y tierras raras.

En la Argentina, solo hay en operación seis proyectos mineros de litio. Sumando todos los de cobre, hay además 107 iniciativas en distintas etapas previas a la fase de explotación. Tanto el gobierno nacional como los provinciales conciben la posibilidad de extraer estos minerales como la promesa más superadora del desarrollo económico.

Pero no todos celebran. Tanto ambientalistas como comunidades locales e indígenas han marcado una clara diferencia con las gobernaciones y corporaciones mineras. Y, en general, las disputas giran en especial en torno al uso del agua. Tanto para el cobre como para el litio, la industria demanda una gran cantidad de agua dulce, salmueras o de agua fósil atrapada en el subsuelo.

Este no es un debate nuevo ni en la Argentina ni en el mundo, pero la posición que se empieza a dibujar alrededor de estos minerales ha impulsado la necesidad de volver a discutir sobre la minería, las regulaciones y los límites necesarios para el desarrollo. Tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como otras instituciones propusieron hace años criterios de "renovabilidad" y "sustentabilidad" de los recursos para la producción de nuevas formas de energía y han planteado en numerosas publicaciones la necesidad de que los Estados lleguen a ese punto. Sin embargo, científicos consultados destacaron que la premura con la que avanza este desarrollo puede derivar en flexibilización de las regulaciones y, después, en impactos fatales para el ambiente y para la población.