La Energía es un insumo básico de la actividad económica y social. Sin un suministro energético confiable y competitivo no habrá en la nación una buena convivencia, no habrá competencia y tampoco habrá trabajo de calidad. La Cuarentena del COVID nos enseñó mucho. 

La actividad económica cayó y con ella la demanda de gas; de gasoil; de nafta; de energía eléctrica. Las empresas energéticas tambalean y se encaminan a la quiebra: exigen subsidios; los consumidores sea ajustan el cinturón, crece la morosidad y el fantasma de los despidos aterroriza a los trabajadores, El Estado – aun en cuasi default- aumenta los subsidios porque sabe que la quiebra de las empresas sería el caos social. Además la realidad se llevó puesta la última de las utopías argentas: Vaca Muerta.

Más allá de la agudización de la cuarentena. Los problemas energéticos argentinos son estructurales y han permanecido en los últimos 4 lustros sin ser resueltos. Empresas eléctricas al borde de la cesación de pagos que no pagan la energía que distribuyen. Consumidores indefensos condenados a pagar precios no fijados en mercados abiertos y transparentes. Empresas productoras de Energía (Petróleo, Gas, Carbón, energía nuclear, etc.) que ya asumieron que no hay futuro posible sin pedirle subsidios al Estado. Argentina se encuentra en una encrucijada porque seguir así es perpetuar el desorden actual. 

Pero existe la posibilidad concreta de intentar una maniobra de transformación que no solo evite el mal mayor sino que nos lleve a un futuro energético sustentable en sentido amplio y que deje de ser lo que hoy es: un obstáculo para el Desarrollo. Este desafío mayúsculo solo lo puede resolver la Política, que si se decidiera tendría a su vez que cambiar su “modus operandi”, porque es sabido que los Partidos Políticos de la Democracia se han desentendido desde hace más de un cuarto de siglo de la Energía desvistiéndola de su rol estratégico. Se requiere implementar una “Reforma Integral”: legal; organizativa; de propiedad; económica; impositiva y estratégica. 

El desafío es grande y excede al gobierno de turno que debería ser quien convoque a un espectro amplio de actores del sector para conducir y acordar esa Reforma, ponerla en práctica y asegurar su continuidad. La Reforma parte de la base que la Energía en Argentina se encuentra en un estado de crisis estructural profundo cuyas características permiten afirmar que la economía energética está destruida; que las leyes de fondo son obsoletas y no se cumplen; que la organización institucional prevista en la normativa vigente es violada en forma sistémica; que las tarifas y los precios se fijan en forma caprichosa y al margen de la ley. Y en ese contexto el Sector Energético se encamina globalmente a su propia quiebra. Solo un acuerdo amplio y sensato lo puede salvar de ese indeseable final. 

El concepto rector de la Reforma es la Transición: una transición programada; no una transición improvisada que - en general- llevan a finales no deseados; una Transición múltiple y mediata desde un actual “estado inviable” hacia un futuro “energético sustentable”. Se trata de una Transición compleja y completa que tiene cinco componentes: 

1) Transición hacia una matriz sustentable; 2) Transición en la Productividad; 3) Transición de Precios y Tarifas; 4) Transición de las decisiones irracionales hacia la racionalidad; y finalmente; 5) la Transición moral que nos lleve a un Estado eficaz y eficiente en la toma de decisiones. (...)