Federico Bernal fue un acérrimo crítico de la administración de Mauricio Macri en general, y de la vinculada a la energía en particular.

Desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) fue marcando las inconsistencias de la política energética de Cambiemos, desde la suba descomunal de las tarifas eléctricas y del gas hasta los enormes subsidios que recibieron las petroleras para extraer hidrocarburos, pasando por la adjudicación de áreas offshore a empresas vinculadas a intereses de las autoridades británicas en Malvinas. Su ingreso al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) implicó un cambio en la relación del ente regulador con los usuarios, con los que la anterior gestión se vinculaba sólo para anunciarles el próximo aumento tarifario. De allí que asegure, en esta entrevista vía correo electrónico, que su objetivo fue "empoderar de ciudadanía" al Ente.

–Igualmente crítica. Heredé un ente prácticamente desmantelado y, sobre todo, de espaldas a la ciudadanía.

Creé nuevas gerencias y reforcé las claves. Por ejemplo, la gerencia que se supone debe trabajar específicamente sobre los usuarios y las usuarias se denominaba Gerencia de Regulación de Gestión Comercial. Un nombre que, si bien data de 2015, se acomodó perfectamente para la concepción que el macrismo tiene de la energía y de los servicios públicos. Esa gerencia ahora se llama "de Protección del Usuario". Al cambio de nombre le siguió un refuerzo muy importante de técnicos y profesionales. Ese refuerzo fue no solamente para que vuelva a funcionar correctamente, sino para trabajar con las ocho comisiones de usuarios que creamos desde el 17 de marzo. Poner a la Argentina de pie, como nos encargó el presidente Alberto Fernández, es para nosotros y por nuestra tarea encomendada empoderar de ciudadanía a este ente regulador. Por eso las ocho comisiones creadas, para que los sectores más necesitados luego de los cuatro años de gestión neoliberal de la energía tengan un espacio permanente de trabajo en el propio organismo. En suma, el Enargas está recuperando su razón de ser, que pasa por proteger los derechos de los usuarios y las usuarias.

Esto se logra a través del estricto control y la ejecución de otros objetivos fijados por la Ley 24.076, como son el de promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y el de regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.

Eso queremos: tarifas justas, razonables. Tarifas que puedan pagarse y que consoliden al servicio público de gas por redes como una herramienta estratégica para el desarrollo humano, productivo, industrial y federal.

–Quisiera limitarme a lo fundamental de la denuncia penal que presenté en la Justicia dirigida contra Aranguren –entre otros seis exfuncionarios–.

Se denuncia la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública. Aranguren, sostenemos allí, habría violado el marco regulatorio del servicio público del gas por redes, provocando un grave perjuicio económico para el Estado nacional y los usuarios y las usuarias, calculado en aproximadamente 560 millones de dólares. Esto, como consecuencia de precios fijados en dólares y unificados por cuenca productiva, pactadas en las "Bases y Condiciones", algo inédito en la comercialización del gas. En la conferencia de prensa que brindó en marzo de 2018, explicó que el precio del gas natural para el mercado interno recién podría valer 4 dólares por millón de BTU (MMBTU) en 2030. Unos meses más tarde, Javier Iguacel lo reemplaza. Entre sus primeras afirmaciones dijo que no hacía falta más subsidios y que los costos de producción habían bajado. Poco tiempo después, ratificó aquellos dichos afirmando que el precio del gas que permite desarrollar Vaca Muerta es de 3,5 dólares/MMBTU. O sea, para Aranguren 4 dólares/ MMBTU recién en 2030; para Iguacel, un puñado de meses después de desplazado el exministro, 3,5 y para los no convencionales. El pueblo argentino todavía espera un careo entre estos dos exfuncionarios, moderado por Mauricio Macri.

–Sí, hemos hablado de este tema, entre muchos otros.

Les transmití que tenemos que resolver el caos tarifario heredado del macrismo y que esto incluye trabajar entre todos los actores del sector para desdolarizar las tarifas y los precios de la energía, tal y como nos pidió a los funcionarios con competencia en la materia el presidente. La desdolarización será un proceso largo. Y habrá costos que no podrán ser pesificados ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero desde el Enargas ya hemos arrancado. Las empresas coinciden en que tenemos que normalizar el sector, porque los problemas heredados son innumerables.

–Será un proceso que llevará su tiempo, y ojalá que sea consensuado con la industria, los trabajadores del sector, las provincias y los usuarios y las usuarias. Lo que ya puedo decirle es que facturas pagadas en pesos por la ciudadanía y gas pagado en dólares por las distribuidoras a las productoras es inviable. Respecto de la tarifa futura dependerá de los resultados de la revisión y la auditoría que estamos llevando adelante. Una vez concluidas, elevaremos al Poder Ejecutivo nuestra recomendación sobre qué curso de acción tomar. Sin perjuicio de ello, adelanto que nos hemos encontrado con muchísimas irregularidades. Pero la revisión no es lo único que estamos encarando. En breve presentaremos al presidente un plan de grandes obras de infraestructura gasífera, muchas de las cuales fueron insólita y vergonzosamente paralizadas por la gestión anterior. A propósito, detectamos unos 150 millones de dólares de caños y equipos ya pagados, pero que Aranguren y los que siguieron al frente de Energía nunca utilizaron.