Un cambio de paradigma. Ése parece ser el espíritu de la reforma de la ley de hidrocarburos que el gobierno provincial enviará a la Legislatura en marzo y que busca otorgar una base legal para el desarrollo de no convencionales. El borrador ya está redactado y se están afinando detalles legales. Pero los dos puntos más calientes de la norma ya cuentan con el aval político del gobernador Jorge Sapag: por un lado, se autorizará la extensión por 10 años más en las concesiones, sumando así 35, que comenzarán a regir desde cero en el momento en que se apruebe el nuevo contrato shale. Sin embargo ese plus no se otorgará sobre toda el área sino sobre porciones más pequeñas, denominadas clústers, donde las empresas deberán presentar diversos proyectos.

De esta forma, cada piloto obligará a las operadoras a sentarse a negociar condiciones con la Provincia e inclusive al pago de un canon. Será una suerte de renegociación atomizada, que sólo alcanzará a las formaciones no convencionales.

La nueva norma no es otra cosa que la oficialización del esquema que se utilizó para el proyecto de YPF y Chevron. En un principio, según trascendió en aquel caliente agosto preelectoral, la petrolera nacional pretendía extender por 35 años la totalidad de Loma La Lata y Loma Campana. Sin embargo, sólo consiguió escindir un pedazo de la primera y fusionarla con la segunda para obtener la autorización de operación hasta 2048. Es decir, prorrogó el contrato de un pedazo de sus áreas originales.

En la tensa puja que se dio detrás de bambalinas, el gobierno provincial consideró el hecho como un triunfo: se abría de facto la puerta a un nuevo esquema de concesiones que le permitirá negociar por cada uno de los proyectos que se presenten, pudiendo obtener el pago de un canon (o fee, como se lo conoce en la industria), e inclusive pudiendo negociar puntos extra de regalías o metas de producción como hizo con la ley 2615.

A su vez, se tipificaba el desarrollo no convencional, algo que ya había ocurrido en el decreto nacional 929, que les puso nombre y apellido legal a las formaciones shale y les dio un carácter especial, en cualquier caso distinto de la explotación tradicional. En el análisis del marco legal, el gobierno evaluó diferentes alternativas, como las denominadas concesiones 3D, que permitirían otorgar una llave de acceso distinta para cada capa shale. Se desechó está idea para no lesionar derechos adquiridos por las empresas, que tienen concesiones sobre todo el subsuelo.

Entonces, se buscó un esquema que permita obtener una mayor ganancia a la hora de otorgar permisos de exploración y explotación. Y es cuando el concepto de clúster –vocablo inglés importado de Estados Unidos y Canadá que tiene tantas acepciones como personas lo pronuncian– comenzó a sonar de la boca de los funcionarios. Ya no habrá áreas, tampoco yacimientos, sino clústers, porciones más pequeñas de tierras multiperforadas desde las cuales se accederá a Vaca Muerta.

"¿Cómo se delimitarán estos clústers?", preguntó "Río Negro Energía" al ministro de Energía, Guillermo Coco. "Se hará en función de los proyectos, de la formación geológica, considerando si es petróleo o gas, y del propio prospecto de inversión", detalló. En otras palabras, la delimitación de la extensión formará parte de la negociación.

El funcionario aclaró que se busca una modificación de ley provincial 2.453 que regula el sector. La idea es poder ampliar los plazos de concesión sin tener que pasar por la Legislatura. De todas formas, dijo que esto no significa que los acuerdos no puedan ser girados a la Cámara de Diputados en busca de un aval político.

Pero antes de eso, los legisladores ya se preparan para el debate en marzo. El presidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, Luis Sapag (MPN), sostuvo que "se plantea el desarrollo de una explotación en serie, de carácter industrial". Detalló que la explotación convencional requiere de concesiones extensas, de varios miles de kilómetros, "mientras que los no convencionales ocupan centenares de kilómetros cuadrados". El legislador tampoco descartó alguna cláusula que fuerce a las empresas a explorar y presentar proyectos sobre Vaca Muerta.

GyP, LA LLAVE PARA EL SECTOR

La renovada ley de Hidrocarburos sólo impactará en la producción shale. Sin embargo, las decisiones políticas podrían cambiar por completo el escenario para la explotación tradicional. Aunque por ahora es sólo una idea, y probablemente ésta quede atada a la coyuntura del momento, el gobierno provincial analiza no volver a renovar ningún contrato convencional en el territorio neuquino.

La estrategia que se evalúa es dejarlos caer para cedérselos a la estatal GyP. De esta forma, quien quiera seguir en el partido deberá aceptar negociar con el nuevo jugador, conformando algún esquema de sociedad donde la compañía local deberá tener participación.

El esquema que se busca es similar al de Bolivia y Venezuela y al que tenía México antes de la reforma de Pemex. La idea es que la única forma de explotar yacimientos en la provincia sea en sociedad con GyP. De esta forma, se quiere capturar una mayor porción de la renta petrolera, al tiempo que la empresa provincial se posiciona en el mercado local.

Sería la extensión de una política que ya se implementa con las áreas bajo dominio de la provincia, que fueron cedidas en su totalidad a la firma pública. Pero claro, para el nuevo escenario habrá que esperar hasta mediados de la década que viene –cuando vencerá la mayoría de los contratos– para ver que esto se concrete. Para ese entonces, la situación política nacional y provincial puede haber cambiado de forma dramática.